Carlos Hernández Mogollón y Jaime Castro siguen avanzando
El candidato a la alcaldía de Villa del Rosario por el Partido de la U y Opción Ciudadana, Carlos Hernández Mogollón junto al candidato al concejo y Jaime Castro Martinez realizaron una multitudinaria manifestación política en el barrio Gramalote, de esta manera estos dos dirigentes políticos vienen demostrando que siguen avanzando.
60,8 millones de litros de gasolina se han ahorrado a 35 días del Estado de Excepción en Táchira
El gobernador del Táchira José Vielma Mora, conjuntamente con Gerardo Izquierdo Torres, Ministro de la presidencia para Asuntos Fronterizos y Carlos Martínez Stapullionis Jefe de la Zona de Seguridad 1, ofreció un balance de los resultados obtenidos con el decreto de Estado de Excepción en 10 municipios de la entidad.
En cuanto al tema del combustible, el gobernador Vielma Mora destacó que en 35 días del cierre de la frontera y con el Estado de Excepción se han ahorrado 60 millones 800 mil litros de gasolina aproximadamente.
Agregó que en diferentes operativos se han decomisado 7 mil 293 litros de combustible y han sido retenidos 3 millones 806 mil 670 bolívares en efectivo, y en moneda colombiana 12 millones 932 mil pesos.
Señalo Vielma Mora que en el marco de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) especial, se han revisado en la franja de seguridad fronteriza más mil 681 viviendas.
Asimismo – agregó- continua el trabajo mancomunado con el Ministerio de Alimentación donde se han inspeccionado mil 003 establecimientos y se han diseñado los planes necesarios para fortalecer algunos códigos, bloquear y transferir otros, con el fin de asegurar la alimentación en la frontera.
Informó que 114 ciudadanos han sido puestos a la orden de la Fiscalía por diferentes delitos, entre los que destacan el intento de pasar alimentos, productos de primera necesidad, materia prima y combustibles hacia la República de Colombia.
También han sido detenidos 31 presuntos paramilitares colombianos, desmantelado cuatro bandas criminales, y aprehendidos 12 ciudadanos que se encontraban solicitados por los diferentes juzgados del país.
Por otra parte, el mandatario regional indicó que de acuerdo al registro único que se ha llevado a cabo a través del Ministerio de Planificación, se han registrado en la actividad económica de Ureña mil 019 comercios, en el municipio Bolívar 2 mil 163, en Junín 348 y en Independencia 330.
Fortalecimiento del Sistema de Migración de controles en la frontera
Durante la exposición del balance en la zona 1, el mandatario regional expresó su reconocimiento al trabajo que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía del estado Táchira, la Fiscalía Superior, el Juez rector del estado y la Defensoría del Pueblo, en relación al fortalecimiento del Sistema de Migración de controles en todos los puestos fronterizos de forma electrónica y satelital.
Resaltó el mandatario tachirense las continuas visitas que viene realizando al estado William Castillo, director de Conatel para poner a tono y en orden el sistema radioeléctrico: televisoras, radios comunitarias, privadas y gubernamentales.
“Hemos tenido la visita de representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología para aumentar 12 nuevas radiobases en frontera e incrementar el ancho de banda, el sistema de internet y el control de la telefonía celular pública y privada”, afirmó Vielma Mora.
Por otra parte hizo énfasis en la solicitud que se está haciendo para la revisión de todos los registros y notarias de los 10 municipios fronterizos, para evaluar “cuál ha sido el desempeño y si hay algún terreno, negocio o viviendas en manos de testaferros”.
Anunció el gobernador que el General Narciso Luis Buriel Hernández del ministerio de Interior y justicia se encuentra evaluando la posibilidad de colocar los patrullajes inteligentes de forma satelital y con videocámaras controlados desde Caracas para aumentar la seguridad fronteriz
Arquitecto Pablo Mariño acompañó recorrido del Senador Uribe
El arquitecto Pablo Alfonso Mariño, candidato a la alcaldía por el Centro Democrático acompañó al senador Álvaro Uribe Vélez en su recorrido por Cúcuta y Los Patios.
Colombianos deportados 'podrían volver a Venezuela'
El Gobierno venezolano se comprometió con Unasur a permitir el retorno de cientos de colombianos deportados desde agosto pasado para que regularicen su situación migratoria, anunció este lunes el organismo regional.
“La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela acordaron que los ciudadanos colombianos deportados durante la crisis fronteriza entre ambos países que deseen regularizar su situación en Venezuela y regresar a ese país lo pueden hacer con la ayuda de este gobierno”, señaló un comunicado difundido en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El compromiso fue sellado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el secretario general de Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, durante una reunión en Nueva York al margen del foro mundial.
Samper calificó de un “gesto humanitario importante” el hecho de que el Gobierno de Venezuela haya aceptado el retorno de los ciudadanos colombianos expulsados de ese país para que regularicen su situación. “Simplemente tenemos las bases del acuerdo y ahora vamos a trabajar con el Gobierno de Colombia y con el Gobierno venezolano para ponerlo en práctica”, explicó.
“Es un gesto humanitario importante porque yo creo que algunos deportados querrán regresar a sus casas, reintegrar las familias; seguramente deben tener una fuente de empleo en Venezuela”, dijo Samper. Por el momento, no hay plazos establecidos ni fechas para el posible retorno de los expulsados, pero “vamos a entrar a trabajarlo con la secretaría jurídica de Unasur para definir los términos”, señaló.
Venezuela deportó a por lo menos 1.532 colombianos, y otros 18.377 regresaron a su país por miedo a ser expulsados, según cifras de la ONU, tras un ataque contra una patrulla militar venezolana que dejó cuatro heridos el pasado 19 de agosto en la localidad de San Antonio del Táchira.
Maduro atribuyó ese atentado a paramilitares colombianos ligados al narcotráfico y el contrabando de mercancías venezolanas hacia Colombia, por lo que ordenó el cierre de amplios tramos de la frontera y declaró el estado de excepción en 23 municipios, de los cuales 16 se ubican en la línea limítrofe de 2.219 km.
A raíz del éxodo de colombianos, muchos de los cuales huyeron con sus enseres a cuestas a través de ríos y caminos de tierra, Colombia denunció “un drama humanitario” que se ha agravado por violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas.
Caracas rechazó ese señalamiento, así como denuncias desde Colombia –avaladas por la OEA– de que las expulsiones separaron familias.
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 19.686 colombianos regresaron por propia voluntad a Colombia desde que, el pasado 19 de agosto, el Gobierno venezolano empezó a cerrar los pasos fronterizos como parte de una ofensiva contra el contrabando y el paramilitarismo.
Esta situación desencadenó una crisis diplomática, en medio de la cual los dos países llamaron a consultas a sus embajadores, aunque, el lunes pasado, los presidentes Maduro y Santos, durante una cita en Quito –sede de la Unasur–, acordaron el retorno y la “progresiva normalización” de la frontera.
Gobierno unificará albergues en Cúcuta
A partir de este lunes, más de 1.700 colombianos que reciben atención en cinco albergues de Villa del Rosario y tres más de Cúcuta, serán reubicados en un solo punto, ubicado en la ciudad de Cúcuta.
“Nosotros ya tenemos que devolverles a Villa del Rosario los sitios que nos facilitaron, igual en Cúcuta y vamos a concentrar este número de personas en un albergue de interferias, un sitio que hemos dispuesto con todas las condiciones para albergarlos, ya es la parte final, en pocos días las personas retornaran a sus ciudades para que sigan sus vidas normal…” Manifestó el Director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Iván Márquez.
La iniciativa genero reacciones entre los colombianos deportados que permanecen en los albergues, quienes rechazaron la misma, argumentando un incremento en los problemas de convivencia “Estamos con trauma porque si es difícil convivir con 160 personas que hay en este albergue, como será convivir con más de 1.700 más… hay hombres que pueden abusar de uno, no sabemos cómo será el trato con nosotros, no sabemos si es lejos o cerca, me da miedo porque han sucedido cosas aquí que somos pocos, ahora como será allá que hay muchos”.
El tema prendió las alarmas en el Ministerio Público que pidió al Gobierno Nacional reconsiderar la unificación de los albergues, como lo explica la Procuradora Delegada para la Familia, Ilva Miryam Hoyos, “Este es un tema en que la Procuraduría ha insistido en que no podemos masificar la atención humanitaria, en que la atención tiene que ser personalizada”.
Aunque la funcionaria, reconoció las razones de carácter logístico, expresó que la medida podrá ser contraproducente para la atención de la población infantil que se verá expuesta a un sin número de dificultades “hay que dar nuevamente una mirada al manejo de esta crisis humanitaria”.
Prohíben el vallenato en buses de TransTáchira
El servicio de autobuses TransTáchira aseguró que durante sus trayectos está prohibido escuchar vallenato en las unidades.
"Informamos a todos nuestro usuarios que nuestras unidades no están permitidas para sintonizar vallenatos denuncien por este medio número de la unidad", escribió la compañía en su cuenta en Twitter.
El calvario de tanquear en Cúcuta
Según la Directora de Fendipetróleo de Norte de Santander, la cuota de gasolina de la región es insuficiente.
Los cucuteños gastan hasta cuatro horas para tanquear un carro o una moto, con ventas restringidas según la modalidad de vehículo y con pico y placa. Algo insólito para una zona a la que nunca le había faltado combustible, especialmente por el que llegaba de contrabando desde Venezuela.
María Eugenia Martínez, directora ejecutiva de Fendipetróleo Norte de Santander, asegura que esto se da por tres razones. La primera, es que los 9,5 millones de galones que han llegado este mes al departamento todavía no son suficientes; segundo, porque el Ministerio de Minas le puso fechas determinadas a los despachos; y tercero, porque el Alcalde de la ciudad lo distribuye mal. Los cupos en las estaciones de servicio de la ciudad oscilan entre los 15.000 y los 150.000 galones.
El otro problema es que el área metropolitana de Cúcuta cuenta con 31 estaciones de servicio, cuando por densidad poblacional y automotriz debería tener unas 50.
Antes de estallar la crisis fronteriza, Norte de Santander recibía 4,1 millones de galones de combustible subsidiado. Para este mes ese cupo se amplió a 9,5 millones de galones, pero el departamento necesita entre 11,5 y 13 millones de galones, según el gremio.
El combustible en Cúcuta se distribuye, por petición del alcalde Donamaris Ramírez, 50 % de gasolina y 50 % de diésel para todas las estaciones. Pero sucede que en el área rural no venden la gasolina, mientras que el centro de la ciudad se quedan con el diésel. Al darse cuenta de su error, ahora Ramírez pidió 80 % de gasolina para las estaciones en el centro y 80 % de diésel para las del área rural, y el 20 % restante en el otro combustible. La representante de Fendipetróleo argumenta que el Alcalde no tiene la potestad para solicitar porcentajes. “Él está determinando la política de hidrocarburos para el departamento. Por eso solicitamos que se eliminen los cupos y las fechas. Que no se les olvide que la gasolina es un servicio público”, explica.
ESTACIONES NO ACAPARAN COMBUSTIBLE
María Eugenia Martínez, directora ejecutiva de Fendipetróleo Norte de Santander, cree que, al fijar fechas de despachos de gasolina, el Minminas busca estirar el cupo de 9,5 millones que asignó porque les “da vergüenza reconocer que histórica- mente la región se ha nutrido del combustible de contrabando venezolano en un 70 %”. Además, Martínez rechazó las denuncias del alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, de que los dueños de las estaciones de servicio están acaparando el combustible o inclusive vendiéndolo a los 'pimpineros'. “La gente se desespera porque dura horas bajo el sol con temperaturas de 38 grados y le cree este tipo de cosas al Alcalde”, dijo.
Dos canales colombianos fueron excluidos de la parrilla de televisión por suscripción
Para adecuarse a las exigencias de Conatel, según afirmó su propietario, la empresa de televisión por cable que ofrece este servicio en los municipios fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña excluyó de la parrilla los canales colombianos RCN y Caracol con programación nacional de ese país, aunque ofrecerá la señal internacional de dichas televisoras.
La exclusión de dichos canales ha llamado la atención de los usuarios, pues se da pocos días después que parlamentarios oficialistas del Consejo Legislativo del estado Táchira solicitaran a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que revise y regule, a través de las empresas de televisión por suscripción que operan en la entidad, la programación de canales de televisión colombianos, en virtud del tratamiento informativo que medios del vecino país han dado a la situación presentada en la frontera colombo-venezolana, a raíz de las medidas decretadas por el presidente Nicolás Maduro.
También en el “Seminario consultivo para una frontera de paz”, celebrado hace dos semanas en San Antonio, los integrantes de la mesa comunicacional, ciencia y tecnología, entre sus propuestas plantearon a las autoridades del Gobierno nacional revisar las “cableteras” que ofrecen el servicio de TV por suscripción en la región fronteriza.
El propietario de la empresa de televisión por cable en la frontera, Genaro García, no obstante, señaló que la exclusión de los canales RCN y Caracol fue una decisión voluntaria de la prestadora del servicio “y en ningún momento intervino Conatel”. Agregó que se hizo porque se están adecuando a la programación aprobada por Canatel y una vez tengan a disposición los equipos técnicos requeridos para la adaptación, ofrecerán la señal internacional de esos canales colombianos.
Reiteró que no hubo ninguna presión por parte del ente regulador, sino que el cambio se debe a una decisión voluntaria de la empresa prestadora del servicio.
Una fuente gubernamental que prefirió el anonimato no descartó que hubiesen ejercido “alguna presión” sobre la empresa prestadora del servicio de televisión por cable para sacar de la parrilla los canales colombianos con la programación nacional de ese país. “Ya eso se venía manejando desde hace días y seguramente que hubo presión”, se limitó a decir.
Vale señalar que en varios de los municipios fronterizos del estado Táchira, sin necesidad del servicio de suscripción, los televidentes pueden observar por señal abierta los canales colombianos, pues dicha señal es captada con facilidad, a diferencia de la señal de las televisoras venezolanas públicas o privadas que prácticamente es imposible recibirla a menos que sea por suscripción.