El Gobierno venezolano se comprometió con Unasur a permitir el retorno de cientos de colombianos deportados desde agosto pasado para que regularicen su situación migratoria, anunció este lunes el organismo regional.
“La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela acordaron que los ciudadanos colombianos deportados durante la crisis fronteriza entre ambos países que deseen regularizar su situación en Venezuela y regresar a ese país lo pueden hacer con la ayuda de este gobierno”, señaló un comunicado difundido en el marco de la Asamblea General de la ONU.
El compromiso fue sellado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el secretario general de Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, durante una reunión en Nueva York al margen del foro mundial.
Samper calificó de un “gesto humanitario importante” el hecho de que el Gobierno de Venezuela haya aceptado el retorno de los ciudadanos colombianos expulsados de ese país para que regularicen su situación. “Simplemente tenemos las bases del acuerdo y ahora vamos a trabajar con el Gobierno de Colombia y con el Gobierno venezolano para ponerlo en práctica”, explicó.
“Es un gesto humanitario importante porque yo creo que algunos deportados querrán regresar a sus casas, reintegrar las familias; seguramente deben tener una fuente de empleo en Venezuela”, dijo Samper. Por el momento, no hay plazos establecidos ni fechas para el posible retorno de los expulsados, pero “vamos a entrar a trabajarlo con la secretaría jurídica de Unasur para definir los términos”, señaló.
Venezuela deportó a por lo menos 1.532 colombianos, y otros 18.377 regresaron a su país por miedo a ser expulsados, según cifras de la ONU, tras un ataque contra una patrulla militar venezolana que dejó cuatro heridos el pasado 19 de agosto en la localidad de San Antonio del Táchira.
Maduro atribuyó ese atentado a paramilitares colombianos ligados al narcotráfico y el contrabando de mercancías venezolanas hacia Colombia, por lo que ordenó el cierre de amplios tramos de la frontera y declaró el estado de excepción en 23 municipios, de los cuales 16 se ubican en la línea limítrofe de 2.219 km.
A raíz del éxodo de colombianos, muchos de los cuales huyeron con sus enseres a cuestas a través de ríos y caminos de tierra, Colombia denunció “un drama humanitario” que se ha agravado por violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas.
Caracas rechazó ese señalamiento, así como denuncias desde Colombia –avaladas por la OEA– de que las expulsiones separaron familias.
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 19.686 colombianos regresaron por propia voluntad a Colombia desde que, el pasado 19 de agosto, el Gobierno venezolano empezó a cerrar los pasos fronterizos como parte de una ofensiva contra el contrabando y el paramilitarismo.
Esta situación desencadenó una crisis diplomática, en medio de la cual los dos países llamaron a consultas a sus embajadores, aunque, el lunes pasado, los presidentes Maduro y Santos, durante una cita en Quito –sede de la Unasur–, acordaron el retorno y la “progresiva normalización” de la frontera.
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