Decenas de ciudadanos colombianos que residen en esta población y que se encuentran en situación ilegal en la zona limítrofe venezolana, están acudiendo al Consulado de Colombia en San Antonio para solicitar pasaporte o apostillar el Certificado Judicial, documentos que, además de la cédula de ciudadanía, les permitirá identificarse ante las autoridades venezolanas y demostrar que no tienen problemas con la justicia de su país de origen.
Según se pudo conocer, la demanda de este tipo de documentos colombianos se incrementó de manera masiva, luego que el general Carlos Martínez, autoridad única para la Zona de Seguridad Fronteriza I, donde rige el estado de excepción, manifestara públicamente que por el momento no habrá más deportaciones y que los extranjeros en condición ilegal que viven y trabajan en la frontera venezolana, pueden salir de sus casas y cumplir normalmente con sus actividades mientras se estudia su situación.
Como medida de precaución, los centenares de ciudadanos colombianos que se encuentran en situación ilegal y que habitan en el municipio Bolívar, están acudiendo al Consulado de Colombia en San Antonio, para tramitar el pasaporte fronterizo, otros la cédula de ciudadanía y también para apostillar el Certificado Judicial, cuya planilla la descargan gratuitamente ingresando a la dirección http://antecedentes.policia.gov.co.
La alta demanda de estos documentos ha congestionado durante los últimos dos días la sede del Consulado neogranadino, pues la gente madruga a hacer la fila en las afueras, con el fin de realizar el trámite respectivo.
“Con la cédula y el pasaporte colombianos estamos plenamente identificados, y el pasado judicial demuestra que no tenemos ningún problema con la justicia. Eso nos sirve para identificarnos ante la Guardia Nacional, el Ejército o la Policía que son los que están haciendo operativos aquí en San Antonio”, expresó un ciudadano colombiano, mientras hacía la fila para tratar de entrar al Consulado.
En los municipios fronterizos del estado Táchira y principalmente en Bolívar y Pedro María Ureña, donde rige el estado de excepción decretado por el Gobierno venezolano, habitan miles de ciudadanos colombianos, que a pesar de tener 10, 20, 30, 40 años viviendo en estas poblaciones, no han regularizado su permanencia en el país. La mayoría de ellos tiene familia con hijos, nietos y biznietos venezolanos.
Con las medidas aplicadas por el Gobierno venezolano, al deportar a más de mil y motivar la salida de otro número significativo de colombianos que se encontraban en situación ilegal en San Antonio del Táchira, muchos otros extranjeros que están en condición similar se sintieron temerosos y no salieron de sus casas, ni acudieron a sus sitios de trabajo por temor a ser detenidos y deportados hacia Colombia, después de tener años viviendo en la frontera venezolana.
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