Al tiempo que el Gobierno trabaja en mitigar la crisis humanitaria que se vive en Cúcuta por el retorno inesperado de un poco más de 15.000 personas desde Venezuela, las autoridades locales avanzan en medidas para reducir la economía ilegal en la ciudad.
Una de ellas tiene que ver con el censo a los llamados ‘pimpineros’: comerciantes de gasolina de contrabando. Por ahora van 1.844 registrados; aunque los mismos vendedores informales aseguran que son 6.000 en todo el departamento.
El objetivo es hallar alternativas de legalidad y frenar el contrabando de combustible y otros productos en la frontera. Según voceros de este sector, propondrán al Gobierno entregar a los ‘pimpineros’ un capital semilla de 82 salarios mínimos mensuales.
De acuerdo con un informe de la Policía, en los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela existen ocho pasos legales y se han detectado 247 ilegales, por donde circula mercancía sin pago de impuestos. De ese total, en el trabajo conjunto que se venía haciendo con las autoridades del vecino país, antes de la crisis, se habían reconocido 145 trochas: 113 por La Guajira y 32 por Norte de Santander.
Mientras se definen las alternativas para los ‘pimpineros’, el Gobierno avanza en los planes diseñados para los deportados y retornados del vecino país desde el 19 de agosto pasado, cuando fue cerrado el primer paso fronterizo. Ya son dos: el primero fue el que conecta con Cúcuta y el segundo el que une con Maicao (La Guajira).
Migración Colombia dice que son 1.516 los deportados por Venezuela y 15.255 los que han retornado voluntariamente. La mayoría de los 16.771 han regresado del estado Táchira: 15.380. Los demás, 1.315, han entrado por la frontera en La Guajira y 76 por Arauca.
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