El coronel Rodolfo Carrero Villamil, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), indicó que los operativos para verificar la legalidad de las motos venezolanas que se comercializan en el Norte de Santander van a continuar y cada vez más duros.
Comentó sobre el altercado que se presentó el miércoles en la mañana, en las avenidas 2 y 3 con calles 7, 8 y 8va, entre vendedores y policías cuando estos últimos llegaron a verificar la legalidad de las máquinas que se ofrecen a más bajo costo.
Tres personas detenidas y siete motos inmovilizadas
Los comerciantes se quejaron por presuntos excesos de fuerza por parte de uniformados e integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) que atendieron el operativo, aunque la Policía cuenta con videos y fotografías de algunos de ellos armados con grandes piedras y otros golpeando e impidiendo el paso de una patrulla.
El saldo final, tres personas capturadas y siete motos inmovilizadas que quedaron a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La situación
Uno de los comerciantes líderes de la zona dijo al Diario La Opinión de Cúcuta que hace 4 a 5 meses están soportando estos operativos, que calificó de “persecución” por parte de la Dian. Agregó que nunca los han llamado a buscar soluciones o les han explicado los posibles mecanismos de importación.
Este comerciante asegura que son en promedio 250 familias que estarían viviendo de la venta de motocicletas venezolanas, varios de ellos, jóvenes que se ganan el salario mínimo.
“No tenemos dónde instaurar una queja. La Policía nos atropella y se llevan las motos… No entendemos por qué el alcalde de Cúcuta no viene y habla con nosotros”, asegura este líder.
Otra de las quejas generalizadas es el por qué no se ataca también las compraventas de carros venezolanos o las personas particulares que comercian con ellos en Cúcuta.
Frente al tema, el coronel Carrero Villamil asegura que dichas compraventas también serán objeto de operativos y recordó que la tenencia y uso de los vehículos y motos venezolanos está permitida en esta zona de frontera, pero no el comercio abierto de los mismos. El oficial explicó que ello afecta directamente a los concesionarios colombianos legales que pagaban impuestos a la ciudad.
“Está bien que las motos sean para el uso de la persona, pero las traen por trochas y la venden como en cualquier mercado y las empresas legales se están quebrando. Para venderlas tienen que importarlas legalmente ”, señaló el oficial.
Hasta ayer, los comerciantes se mantenían a la expectativa de que alguna autoridad municipal o departamental los escuchara y diera una solución a este problema.
“Si como autoridad no ejercemos los controles que nos entrega la Ley va a ser un desorden y nunca vamos a cambiar y esto va a ser tierra de nadie”, alertó el coronel Carrero Villamil.
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