“La salida a la problemática económica y social que se está presentando en la frontera con la devaluación, es que los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela entren a regular el cambio en la zona y den al bolívar el justo valor ante el peso colombiano”, expresó la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo.
Señaló que la conversión bolívar-peso debería ser manejada por gente especializada, con la tasa oficial.
“Nosotros no estamos inventando nada, porque esos estudios se han hecho con anterioridad, lo que falta es que se apliquen estas medidas. Necesitamos que los líderes y la gente competente que tenemos, se reúnan lo antes posible y nos solventen esta situación, que nos está trayendo problemas de todo tipo”, añadió la presidenta.
Explicó que, producto de la devaluación del bolívar ante el peso, se ha acentuado el problema del contrabando de extracción, y en el comercio de la frontera venezolana no se consiguen los productos de primera necesidad para la alimentación de la población venezolana.
“Hay desabastecimiento; también sigue habiendo dificultades para adquirir el gas doméstico y la gasolina, ya que en las estaciones de servicio son permanentes las largas colas de vehículos, que por lo general abastecen combustible para pasarlo para territorio colombiano”, reiteró.
Castillo manifestó que en la frontera venezolana no solo escasean los productos de primera necesidad, sino también artículos y materia prima que necesita la industria textil, marroquinera, metalmecánica, entre otros sectores productivos, porque los empresarios no tienen el suficiente acceso a los dólares para importar los insumos que requieren.
“Lamentablemente, hay industrias que todavía no han abierto sus puertas, por esta causa y por falta de mano de obra especializada que viene de Colombia, pero que por el precio del bolívar con respecto al peso, no le resulta rentable trabajar en Venezuela”, dijo.
Refirió que algunos establecimientos comerciales también tienen cerradas las puertas, con la excusa que están haciendo inventario, pero la verdad es que el fondo del asunto es otro.
“Eso nos ha traído como consecuencia incremento del desempleo y de la actividad informal, lo cual es preocupante, porque San Antonio del Táchira se ha caracterizado por tener una actividad comercial e industrial pujante y dinámica”.
El incremento de la actividad económica informal preocupa a los comerciantes, porque en la localidad hay muchas empresas legalmente establecidas que producen, generan empleo, pagan impuestos al fisco nacional y municipal.
La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio dijo que los dirigentes gremiales han sostenido reuniones con el gobernador del estado Táchira, quien ha expresado su voluntad de ayudar a los habitantes y empresarios de la zona de fronteras, y por eso aspiran que ante esta difícil situación económica y social que están viviendo, tomen medidas gubernamentales que coadyuven a resolver los diferentes problemas.
Consideró que, aunado a la regulación del cambio de la moneda, el Gobierno central debería aprobar con urgencia un régimen económico especial fronterizo, que permita reactivar la industria y el comercio de la región, así como también buscar alternativas para cubrir los vacíos que hay en la industria por falta de mano de obra especializada, ante la deserción de los trabajadores colombianos.
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