Una fiesta ofensiva

La Contraloría Departamental, a cargo de Claudia Patricia Rodríguez, ha dado muestras de seriedad y de rigor, cualidades que tendrá que reafirmar ahora que a sus manos llegó un caso realmente escandaloso.

Nos referimos a la ofensiva francachela en que se sumieron desde el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, hasta el último de los empleados del Hospital Jorge Cristo Sahium, pasando por la gerente del centro asistencial, Érika Aparicio León.

Esa fiesta fue, sin dudarlo un instante, más que una ofensa para la comunidad de Villa del Rosario, para la salud en general, y para el Estado. Gastarse más de 8 millones de pesos en licor para 140 personas en un fiestón desmesurado es, en verdad, una infamia que no se puede tolerar.

Es probable que no se haya cometido ninguna irregularidad contable, que los 8 millones 835 mil pesos de la descarada rumba coincidan hasta el último centavo con las facturas y con el certificado de disponibilidad presupuestal, y que los trámites legales y administrativos se hayan cumplido al milímetro.

Así, la labor investigativa de la Contraloría se estrellará contra el muro de la legalidad. Pero, quizás no ocurra lo mismo con la Procuraduría, encargada de vigilar la conducta de los funcionarios públicos. Porque, para decirlo de una vez, este es un acto inmoral.

En este sentido, ni la gerente del hospital ni el alcalde podrán jamás cuadrar caja ni con la ética ni con la sindéresis que debe caracterizar a los funcionarios del Estado, tengan el nivel que tengan o provengan de donde provengan.

La defensa de la gerente no puede ser más patética. Gastar más de 8 millones de pesos en licor para proporcionarles bienestar a los 40 trabajadores del hospital y a sus 100 invitados no tiene presentación alguna, en momentos en que la salud está al borde del abismo por falta de recursos.

¿Desde cuando emborrachar a las personas es proporcionarles bienestar? ¿No es, acaso, el alcoholismo una de las enfermedades que más afecta la salud de los colombianos? ¿Cómo la gerente de un hospital ignora cuestiones tan elementales como esta? Y ¿cómo un alcalde patrocina, con su presencia y su participación, una aberración como la dichosa francachela?

Caben más preguntas, desde luego, como las referentes a la presencia de varios policías, entre ellos el esposo de la señora Aparicio, especialista, además, según parece, en asuntos de sanidad.

Valdría la pena que el alcalde Socha o cualquiera de los asistentes le pidiera su opinión sobre el rumbón a la ciudadana Nubia Rojas Pico, cuya hija enfrenta problemas de salud, debido a que en el hospital local nunca le entregan completa la dosis de medicamento que requiere, “porque no tienen más”.

Estamos de acuerdo: los empleados públicos tienen derecho a un día especial en el que les reconozcan su importancia. Y, también, a pequeñas muestras de gratitud por su trabajo. Pero no tienen derecho, ni ellos ni nadie, a que con dinero del Estado se haga fiesta, sólo porque nada cuesta.

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

(Tomado de la Opinión)