Damnificados permanecen en colegio La Frontera

Marta Elena Díaz espera con los cinco hijos menores de edad, que le entreguen la casa en la urbanización El Morichal de Villa del Rosario, para poner fin a los largos días de espera en el albergue provisional.

El inicio de clases no ha sido posible en la institución educativa La Frontera, en La Parada (Villa del Rosario).
Allí están albergadas 35 familias del barrio La Playa, damnificadas por el desbordamiento del río Táchira, el 1 de diciembre del 2010.
Se niegan a abandonar el refugio hasta que sean reubicadas en el barrio El Morichal y les garanticen el pago de arriendo en otros sectores de Villa del Rosario.
Esa situación tiene fuera de las aulas de clases a 1.200 estudiantes de primaria y bachillerato, de la mañana y la tarde, que debieron iniciar clases el 17 de enero.
El martes las familias que están en el colegio La Frontera impidieron el acceso de los profesores, estudiantes y algunos padres de familia que iban a cumplir el proceso de matrícula.
Exigen la presencia de la alcaldesa de Villa del Rosario y otras autoridades del nivel departamental, para que les definan la situación y así acabar con casi dos meses de incertidumbre, hacinamiento, incomodidades y sufrimiento.
Aseguran los dejaron solos, que les ha faltado suministro de alimentos y otras ayudas humanitarias y ahora los quieren desalojar a la suerte, cuando la mayoría perdió las viviendas producto de la inundación del afluente fronterizo.
“No tenemos para dónde irnos y es obligación del Gobierno garantizarnos un lugar seguro y digno donde permanecer en nuestra condición de damnificados”, dijo una de las afectadas, que es jefa de hogar.
El presidente de la junta comunal de La Parada, José del Carmen Bonilla Sanabria, explicó que hay 160 familias damnificadas del barrio La Playa. Por la inundación de los primeros días de diciembre del año pasado se desplomaron 25 casas, 20 están a punto de desplomarse y 45 se anegaron completamente. Un número considerable de familias vivían arrendadas y perdieron enseres, ropa y todo lo que tenían dentro de las casas.
Marta Elena Díaz se declaró doblemente damnificada. Explicó que en la inundación del 11 de febrero del 2005 perdió la casa en el barrio La Playa y fue favorecida por el plan de vivienda en El Morichal, que construyó la Alcaldía.
Pasaron varios años y no le entregaron la vivienda de interés social. Eso la obligó a regresar al barrio, donde una segunda creciente del Táchira, finalizando el año pasado, le quitó lo poco que le quedaba.
El martes estaba desesperada porque en estos dos meses le ha tocado hacinarse en un salón de clases con los cinco hijos que la acompañan, compartiendo la desdicha con otras familias.
Pidió a la Alcaldesa de Villa del Rosario, Emperatriz Misse Millán, que haga lo pertinente para que le entreguen la casa que tanto ha añorado. Esa petición la hicieron otras personas que son beneficiarias del plan de vivienda en El Morichal, que no han podido mudarse a ese lugar y que por segunda vez el Táchira les jugó una mala pasada.

Óscar Emilio Cañas dijo que esperan que les entreguen las 33 casas que faltan a los beneficiarios de la urbanización El Morichal que en la actualidad están en el colegio La Frontera, o que ayudaría a aliviar el problema porque a las demás familias las podrían ubicar en casas alquiladas y los estudiantes iniciarían el año lectivo 2011 sin más problemas.
Yuri Bayona Sanguino vivía arrendada en una casa de La Playa y perdió sus pertenencias por el desbordamiento del río que se salió del cauce por las fuertes lluvias que azotaron la frontera en diciembre pasado.
Es madre de cuatro hijos que soportan junto a ella las incomodidades de vivir en un albergue en condiciones difíciles, donde empiezan a tener problemas de salubridad por la falta de agua y donde escasean los alimentos, según explicó.
Reclama la presencia de la Alcaldesa de Villa del Rosario y no de funcionarios que en su criterio carecen de poder de decisión.
Dijo que personal de la Alcaldía solo censó a 16 familias que están pernoctando en el colegio, porque otras habían preferido quedarse en casas de familiares y amigos por las incomodidades, especialmente durante las festividades de fin de año.
Ese censo no se corresponde con la realidad, ya que el número es mayor, según Yuri Bayona.

El rector de la Institución Educativa de la Frontera, Germán Eduardo Berbesí Murcia, dijo que adicional al problema de los damnificados, tienen dificultades para el inicio de clases porque debido al aumento de la matrícula, fue necesario rentar las instalaciones donde funcionó un colegio privado. A la fecha la fecha la Secretaría de Educación Departamental no ha podido ponerse de acuerdo con el dueño en lo relativo al canon de arrendamiento.
Esas dos situaciones mantienen fuera de las aulas a los 1.200 estudiantes que a la fecha están matriculados, el 50 por ciento de ellos habitantes del sector de invasión Mi Pequeño Barinas, en San Antonio del Táchira, que son hijos de colombianos que no pueden estudiar en Venezuela por estar indocumentados.

El colegio de La Frontera cuenta con nueve aulas de clases que están ocupadas por los damnificados, con colchonetas, mercados, utensilios de cocina y aquellos enseres que lograron rescatar del agua.
Los estudiantes, 43 docentes y directivos del plantel tendrán que esperar hasta que se logre una solución.