Aunque la crisis económica ya había golpeado a la zona fronteriza, con la suspensión del paso, 80 % de los comercios y las plantas cerraron.
Roberto Pedroza es encargado de una zapatería. Sentado a las puertas del establecimiento comenta que hay días en los que no vende ni un par de zapatos. “Aquí ya casi no se hace nada”, dice. Así como este local, los comercios en los municipios fronterizos están solos a consecuencia del cierre del paso que ordenó el Gobierno en agosto de 2015.
Aunque la actividad comercial e industrial en San Antonio del Táchira y Ureña —previa a las medidas oficiales— había disminuido por las distorsiones de la economía, desde hace 12 meses la situación empeoró, lo que llevó al cierre de establecimientos y empresas.
En San Antonio los supermercados son los que tienen compradores cuando llegan algunos productos básicos. En las tiendas de ropa, calzados y bolsos que quedan, la clientela es baja.
Muchos de los que iban a los establecimientos, antes de las limitaciones, eran colombianos, debido a que por la pérdida de valor del bolívar frente al peso la ropa y otros servicios les resultaba más económico. Los otros compradores eran de San Cristóbal y las áreas cercanas. Hoy día el flujo es disminuido, y si bien el 13 de agosto se abrió el paso, es mayor la cantidad de venezolanos que van a buscar alimentos y medicinas al vecino país, que los visitantes.
Para Ramón Vivas, propietario de un local que ofrece teléfonos y otros artículos electrónicos, “la vitrina de San Antonio no es apetecible, y aquí trabajamos por nuestra voluntad”.
Su negocio, que tiene 30 años, exhibe algunos equipos que datan de 2015, porque es poco lo que ha podido reponer. Cabizbajo, añade que las ventas le cayeron 85%. “El cierre de la frontera y la inflación nos comió los negocios”.
La radiografía
En una cuadra de cinco establecimientos, dos son los que están abiertos. Algunos de los que subsisten tienen menos personal porque los colombianos que laboraban en las tiendas se marcharon. En otros hubo reducción de la nómina y los dueños los atienden.
La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Delgado, detalla que “80% del comercio está técnicamente cerrado”.
Los locales que están abiertos no han podido reponer inventarios por lo que tienen mercancía de hace más de un año, afirma. Esos problemas de reposición se deben a las restricciones que imponen los controles del Gobierno.
Ante las menores operaciones, las ventas en los comercios se desplomaron más de 60%.
Lisbeth Acevedo, encargada del local Pepe Jeans, cuenta que actualmente vende apenas 20% de lo que lograba hace año y medio.
“Este año ha sido duro, pese a que el propietario ha adquirido mercancía y los precios se han tratado de mantener”, cuenta. La tienda que hace esquina en una de las calles de San Antonio tiene tres pisos con ropa, calzados y bolsos, pero muy pocos clientes. La nómina bajó de 30 a 15 empleados.
Una situación similar padece Camilo Claro, administrador de la zapatería Nelche. En septiembre del pasado año cuando fue entrevistado por este portal comentó que las ventas estaban palo abajo. 11 meses después relata que el comercio ha sobrevivido porque tiene una clientela fija, sin embargo, no vislumbra un futuro alentador.
“El dueño se ha endeudado para abastecer la tienda con mercancía nacional”, expresa Claro quien agrega que “si bien hay un público leal, las ventas han bajado 70%”. En ese comercio llegaron a tener tres trabajadores, hoy está solamente él.
Con las uñas subsiste la panadería que tiene Juan Barriento. En el negocio, donde se ofrece pan andino, acemitas y dulces, lo acompañan dos de sus tres hijos, dado que lo que gana no le da para tener más empleados.
Sufre para para conseguir la harina de trigo, por lo cual la cantidad de productos a vender es reducida. “Las ventas se fueron al piso, cayeron un 75%. Aquí tenemos que pedirle al Señor que esto mejore”, dice con los ojos llorosos.
La industria en picada
En la zona fronteriza no solo el comercio está afectado, también la actividad industrial.
En San Antonio del Táchira 90% de las industrias cerraron y esos empresarios se fueron a Colombia, detalla Isabel Delgado. “Muchos se llevaron las maquinarias a Colombia y a las zonas que hacen frontera con Ecuador. Algunos de los que se fueron dejaron en San Antonio los puntos de venta”.
La mayoría de las plantas tenían empleados del vecino país que se fueron porque el salario no les resultaba atractivo. “Había mucha mano de obra colombiana, y el problema es aquí no se capacitó a la gente. Además que con lo que se gana en Venezuela no se hace nada”, asevera.
Menos ingresos
El cierre de comercios y empresas, y la reducción de las operaciones de los que se mantienen en pie, han golpeado las finanzas de los municipios.
Los alcaldías de San Antonio y Ureña, más allá de recibir sus cuotas por situado constitucional y el dinero para proyectos que asigna el Fondo de Compensación Interterritorial, se nutren de los impuestos municipales, y lo que recaudan no es suficiente para afrontar los compromisos, especialmente, los gastos de personal.
Alejandro García, alcalde de Ureña, señala que las empresas que quedan operan a una menor capacidad y lo que ha recibido por los tributos es 209 millones de bolívares. “Ese dinero se nos vuelve sal y agua por la inflación”.
Expresa que la alcaldía tiene 400 trabajadores y el Gobierno central apenas la transfirió 18 millones de bolívares para el bono de alimentación del anterior ajuste (mayo). Por tanto, los ingresos no alcanzan.
Situación parecida enfrenta el alcalde de San Antonio, Simón Vargas, quien indica que “el aumento de sueldo no solo afecta a los empresarios, también a nosotros”. Y apunta que tienen un déficit de 109 millones de bolívares, que se elevará con los últimos anuncios laborales.
La recaudación tributaria ha sido apenas de 145 millones de bolívares, agrega el concejal, Carlos Chacón.
Sin mucha expectativa
Desde el 13 de agosto se está permitiendo el paso a Colombia para la adquisición de rubros de la canasta básica y cauchos. Pero en el sector comercial e industrial de la zona hay escepticismo con esa apertura, debido a que un aspecto clave como el intercambio comercial no se ha terminado de discutir.
El presidente de la Cámara de Comercio de Ureña añade que “si no se abren las aduanas, esto no tienen sentido”. Juan Barriento y Roberto Pedroza no ven mejoría con el paso.
Por ahora se permite el tránsito de particulares, porque el paso del transporte de carga sigue detenido, lo que causó una reducción de los agentes aduanales que pasaron de 70 a 10.
Las autoridades han señalado que el segundo paso es la apertura para el transporte, pero continúan sin dar precisiones al respecto.
El ex presidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo, tiene expectativa de que al menos las ventas de ropa se reactiven.
0 Realice Su comentario Aquí:
Publicar un comentario