“Todos los actos u omisiones donde se eluda o intente eludir la intervención del Estado con el objeto de impedir el control en la introducción, extracción o tránsito de mercancías o bienes que constituyan delitos, faltas o infracciones administrativas”, entran dentro del concepto de contrabando, según la ley que regula este delito en Venezuela.
El lugar natural de esta práctica es la frontera, por ello el Observatorio Social del Estado Táchira (OSET), desarrolló un trabajo de investigación que buscó ahondar en este flagelo desde la perspectiva de la institucionalidad y desde la mirada presencial del ciudadano de la zona fronteriza. Sus consecuencias fueron: Táchira en cifras 2015, el sexto documento publicado por el OSET, explica una nota de prensa.
“En el mismo tenor de sus publicaciones anteriores, esta nueva investigación toca un fenómeno actual, álgido, del que todos hablan, pero quizás ha sido poco estudiado in situ. Los resultados del estudio son dicientes. Ameritan la atención de los distintos actores sociales fronterizos, regionales, nacionales e internaciones, a través de una reflexión contextual, en atenta escucha de la realidad y sus sujetos”, explica en la presentación del documento el rector de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), presbítero Javier Yonekura Shimuza.
Para entender a profundidad la realidad de este delito protagonista en la dinámica fronteriza, el OSET se adentró en el contexto socioeconómico de la población tachirense.
“Lo que permite darle sustento al lector para comprender las respuestas de los encuestados en relación a su percepción del fenómeno del contrabando desde los constructos de la institucionalidad; así como para la construcción de propuestas de lineamientos para la gestión de políticas públicas para disminuir el contrabando”, como lo explican las profesoras Neida Albornoz y Rina Mazuera, coautoras de la investigación.
Dentro de los datos más destacados se encontró que 85,7% de la población del estado vive en condición de pobreza, de los cuales 22% se encuentra en la pobreza extrema, lo que indica que no alcanzan a cubrir la canasta alimentaria familiar.
Pese a esta realidad la tasa de desocupación en el Táchira es menor a la tasa nacional en 3,8 puntos porcentuales, según cifras del estudio. “No obstante, debe revisarse en cuál sector de la economía (formal y/o informal) se desempeña la población económicamente activa en el Táchira, pues el hecho de declararse población activa y ocupada no necesariamente significa que cuenta con el trabajo estable, remunerado y con los beneficios laborales legales”, explican Albornoz y Mazuera.
Por tanto la pobreza representa una de las principales causas de la propagación del delito del contrabando en el Táchira, el cual “ven como vía de escape ante esta realidad, empiezan dentro de la informalidad a desarrollar una práctica comercial ilegal que le genera muchísimos ingresos, ingresos que son producto de las asimetrías que existen en la frontera, sobre todo las económicas, propias del diferencial cambiario”, argumenta Albornoz.
Sin embargo; Táchira en cifras, expone que coexiste multiplicidad de factores dentro de la dinámica de este flagelo, los cuales son necesarios atender para abordar el tema a profundidad, por ello el OSET giró su mirada hacia la relación de la institucionalidad con el avance progresivo de las prácticas comerciales ilegales en la frontera.
La ausencia total del Estado, el quiebre de constructo social del Estado de Derecho y la corrupción institucional son variables determinantes que también forman parte de la ecuación del contrabando. La primera de estas se ve representada en el 52,2% de los encuestados que manifestaron no conocer las acciones que el Estado desarrolla para minimizar esta práctica.
En torno a la relación del contrabando con la falta de legitimidad institucional, se expuso que todas las instituciones públicas le generan nada de confianza a más del 60% de los encuestados y que la percepción de corrupción de las mismas también es del 60%, siendo la Policía Nacional Bolivariana la peor valorada en esta variable, con el 75,30%.
Lo que se fundamenta con el 55,1% que considera que la corrupción política es la causa del contrabando y con el 89,1% de personas que opina que el contrabando se da gracias a las relaciones de cooperación entre los funcionarios públicos y los practicantes. Todas, cifras esclarecedoras expresadas en la investigación.
Todos estos datos arrojados en el documento número seis del Observatorio Social del Estado Táchira tienen como objetivo que la dinámica del contrabando se conozca a profundidad, para ello es necesario que la publicación “la conozcan las autoridades públicas, que llegue a mano de las personas que puedan hacer algo, pues la misión del observatorio es documentar, no somos gobierno para ejecutar políticas, las autoridades deben tomar con conciencia cada dato expresado en la investigación, es un regalo para ellos y para la sociedad”, señala Jessy Aleta, coautora de la investigación.
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