El Gobierno del presidente Nicolás Maduro está usando todos los recursos que tiene a mano para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. La última decisión proviene de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), que ha emitido una orden a las compañías afiliadas a la Cámara Venezolana de la industria de Alimentos (Cavidea) para que destinen un porcentaje de su producción de alimentos básicos a los supermercados del Estado.
En lo sucesivo las presentaciones de leche, arroz, azúcar, pasta, harina panadera, harina precocida de maíz y aceite irán a parar a los vacíos anaqueles de las redes estatales en un porcentaje que, según la orden administrativa, oscila entre 30% y 100%. La medida supone el reforzamiento de los controles de una industria que ya es de las más supervisadas por el Gobierno. Desde hace varios años los alimentos básicos no pueden movilizarse por el país sin la autorización del Sistema Integral de Control Agroalimentario (Sica), que vigila y controla mediante la emisión de una guía de movilización dónde se almacenan y hacia dónde se distribuyen. Todos los transportistas deben tener ese documento a mano, que incluye además la ruta que siguen hasta su destino final, para salvar las férreas inspecciones de las autoridades en su camino.
Cavidea asegura que en la red privada existen 113.859 establecimientos comerciales mientras que la red pública posee 7.245 locales
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