Algunos de los deportados fueron detenidos cuando hacían fila para comprar alimentos en mercados.
En el Centro de Migraciones de Cúcuta permanecen varios de los 109 colombianos de diferentes regiones del país que desde el pasado fin de semana han llegado a esa capital tras ser deportados por Venezuela.
Los nacionales, que al parecer se encontraban sin documentos oficiales en territorio vecino, fueron detenidos en medio de los operativos que adelantan efectivos de diferentes especialidades de la fuerza pública de ese país en supermercados y sitios de venta de productos básicos de la canasta familiar, para controlar su comercialización.
Segundo Neftalí Gómez, funcionario del Centro de Migraciones –lugar administrado por los Misioneros Escalabrinianos–, entre diciembre del 2014 y los primeros días del 2015 se incrementó la llegada de ciudadanos a la entidad. De tres que llegaban de manera esporádica en un día se pasó a recibir a más de 20 colombianos.
Jhon Jairo Mendoza, uno de los connacionales expulsados del vecino país, denunció malos tratos de miembros de la Guardia Venezolana, quienes durante tres días los mantuvieron detenidos mientras se adelantaban los trámites respectivos para su salida.
Agregó que fueron engañados y que se está dando una discriminación contra los colombianos.
Algunas de las personas deportadas fueron sorprendidas mientras se encontraban haciendo fila para comprar alimentos, sin tener tiempo para defender su permanencia.
“Los colombianos no tenemos derecho a comprar nuestros alimentos. Fue un engaño cuando llegaron a pedir papeles en ese momento”, relató Mendoza.
Otra deportada, que prefirió no revelar su nombre, manifestó su intención de regresar a Caracas (Venezuela), donde se radicó hace más de 10 años con sus familiares, a quienes no tuvo tiempo de contarles la situación antes de ser expulsada de ese país.
El gobernador de Norte de Santander, Édgar Díaz Contreras, indicó que las deportaciones masivas son una muestra de los constantes atropellos que vienen sufriendo los connacionales visitantes y residentes en Venezuela. Díaz Contreras señaló que la acción de la Cancillería al respecto ha sido “muy tímida”, por lo que se sigue solicitando que se tomen todas las medidas al respecto.
“Han sido constantes las comunicaciones remitidas desde la Gobernación a la Cancillería colombiana para buscar soluciones al trato que se les da a los colombianos, sin muchas respuestas”, recordó el gobernador.
Por su parte, William González, defensor regional del pueblo, dijo que las quejas expuestas por los ciudadanos entregados por Venezuela a Migración Colombia ya fueron recibidas por la Red de Inmigrantes, de la que hacen parte organizaciones internacionales como Acnur y el Consejo Noruego, para finalmente remitirlas a la Cancillería.
El funcionario señaló que en el Centro de Migraciones de Cúcuta se les presta apoyo a los deportados en materia de hospedaje y alimentación.
Finalmente, la Gobernación de Norte de Santander informó que un convenio de atención a los colombianos deportados con el que se soluciona el traslado a las ciudades de origen se encuentra actualmente vencido y que ya se trabaja en su reactivación para aunar esfuerzos y brindarles apoyo a estos compatriotas.
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