En el centro de Cúcuta, aún hoy es posible ver artículos de contrabando traídos desde Venezuela.
En la sede de la Policía Metropolitana de Cúcuta se llevó a cabo una reunión entre las autoridades colombianas y venezolanas con el ánimo de ofrecer un balance en la lucha que desde hace tres meses emprendieron los gobiernos de ambos países con el ánimo de erradicar el delito del contrabando en la zona de frontera.
El general Gustavo Moreno, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, indicó ante los medios que, gracias a las labores de inteligencia que se han hecho en conjunto con las autoridades de los dos países, se han podido identificar 246 trochas a lo largo de la línea fronteriza, de las cuales ya han sido visitadas 110.
“Hoy (ayer) decidimos que las trochas se llamarán de igual manera en ambos países para facilitar las labores de inteligencia”, indicó el oficial, quien agregó que en la reunión se ofrecieron los nombres de las estructuras, organizaciones, empresas y personas que, en ambos lados de la frontera se dedican al contrabando.
A su vez, indicó que ya hay un gran número de vehículos identificados como aquellos que sirven para el transporte de contrabando en la zona fronteriza.
“Tenemos 6 procesos ante la Fiscalía de estructuras dedicadas al contrabando. Estas organizaciones, en gran medida, se dedicaban al tráfico de gasolina, del cual se nutren las bandas criminales que operan en ambos lados de la frontera”, comentó el general Moreno.
El oficial dijo que también tienen identificadas varias estructuras que se dedican al contrabando de maquinaria amarilla, arroz, alimentos perecederos y fármacos.
Sobre el cierre de la frontera dijo que esta decisión la tomó de manera autónoma el gobierno venezolano y, en ese sentido, el gobierno de Colombia no opina.
El oficial dijo que en Colombia se han incautado $264.650 millones en mercancía de contrabando, de los cuales $37.349 millones han sido en esta zona de frontera.
Finalmente, comentó que ya tienen identificados a los contrabandistas que les pagan hasta $30.000 a los jóvenes para que participen en las protestas. “Pronto las vamos a judicializar”, puntualizó.
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