Juan carlos bautista, procurador regional de Norte de Santander.
Cada vez son más las voces en Norte de Santander que piden con urgencia la atención del Gobierno Nacional frente a la situación por la que están atravesando varios colombianos detenidos en la frontera, acusados de propiciar el contrabando.
En esta oportunidad fue la Procuraduría la encargada de solicitarle a la canciller María Ángela Holguín, su inmediata actuación ante a las autoridades venezolanas, en los tres casos de nortesantandereanos enviados a la cárcel por llevar pequeños mercados con productos de la canasta familiar.
En una carta dirigida a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, el procurador regional, Juan Carlos Bautista, le pide a la funcionaria interceder cuanto antes para que a los afectados se les pueda garantizar la seguridad jurídica que reclaman sus familias.
“La cultura fronteriza de intercambio de productos, permanente consecuencia de la dependencia directa a la tasa de cambio de la época y los beneficios que según sea el caso genera en el núcleo familiar la adquisición de bienes a uno u otro lado de la frontera, ha creado en nuestra sociedad una costumbre comercial arraigada por más de 50 años; costumbre que no puede ser extirpada de forma directa por medidas abruptas como las adoptados por el Gobierno venezolano”, le manifestó el procurador a la canciller.
Y agrega: “Esta realidad conlleva a afirmar que nuestros conciudadanos están detenidos por una actuación basada en la costumbre fronteriza que podría ser considerada como mínima, por el simple hecho de ser una constante comercial binacional”.
En ese sentido, Bautista cuestiona que a pesar de la crítica realidad por la que está atravesando esta zona de frontera, el silencio del Gobierno frente a la nueva situación es evidente y “sorpresivo”.
“Por estas consideraciones, le solicito se intervenga de forma directa ante las autoridades venezolanas, con el fin de esclarecer en debida forma las detenciones realizadas durante las últimas semanas y se evidencie que las mismas no obedecen a las verdaderas redes de contrabando que en el territorio fronterizo realizan su actividad”, escribió el procurador regional.
El fin de semana, el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora, también exhortó a la Cancillería a emprender acciones urgentes para exigir que cese el maltrato a los connacionales en la zona de frontera.
Las propias familias de los detenidos igualmente claman la pronta intervención del Gobierno Nacional para lograr la libertad de sus seres queridos detenidos con pequeños mercados, puesto que alegan que no solo son inocentes, sino que ellos carecen de los recursos para pagar abogados y trasladarse constantemente al vecino país.
Tomado de La Opinión
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