Colombianos con compras de 1.000 bolívares ($22.000) han sido capturados por las autoridades venezolanas con el argumento de que incurrieron en el delito de contrabando de extracción.
Las narraciones de los familiares de algunos de los colombianos detenidos en Venezuela y acusados de contrabando, en ocasiones por sólo comprar un pequeño mercado e intentar ahorrarse unos pesos, han recorrido en los últimos días los medios de comunicación y las redes sociales.
Y es que la situación involucra un drama humano que va más allá de las dificultades económicas que llevan a humildes padres de familia colombianos a intentar ahorrarse unos pesos, o de ganarse otros tantos, adquiriendo mercancías venezolanas que luego intentan ingresar a Colombia; pues aquellos que son detenidos por las autoridades y acusados de contrabando quedan a merced de una legislación con “baches”.
Crisseloy Chacón, Fiscal 33 contra la delincuencia organizada (única fiscalía autorizada para investigar los delitos de contrabando y con competencia en el estado Táchira); explicó que la norma penal establece que la sanción del contrabando de extracción consagrada en la Ley Orgánica de Precios Justos es de 10 a 14 años.
Sin embargo, al consultar a uno de los cuatro jueces de control que en San Cristóbal conocen estas causas, señaló a La Opinión que tal como están redactadas la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley Anti contrabando, no se determina ninguna discriminación entre una persona a la que le son retenidos unos pocos artículos y aquellas que movilizan toneladas de mercancía hacia la frontera, por lo que ambas quedan expuestas a la misma sanción.
Así mismo, no se especifica geográficamente a quien puede o no imputársele el delito de contrabando, situación que queda a criterio de las autoridades encargadas de hacer las detenciones; y ésta es básicamente la razón por la que algunos ciudadanos colombianos han sido detenidos en ciudades como San Cristóbal o Capacho.
“En la actualidad, la mayoría de las personas colombianas detenidas están siendo juzgadas por la Ley de Precios Justos, porque son detenidos con mercancías que están en una lista emitida por la Superintendencia Nacional para la Protección de Derechos Socioeconómicos y son señalados como artículos o bienes de primera necesidad”, explicó el juez.
En este sentido acotó que uno de los delitos por los que más están siendo juzgados los ciudadanos colombianos, es el de contrabando de extracción tipificado en el artículo 59 de la Ley de Precios Justos que tiene una pena de 10 a 14 años. “A veces ese delito concurre con otro llamado asociación, tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo”.
Aseguró que la actividad del contrabando tiene muchas variables implícitas y hay algunos casos en que si las personas demuestran que los artículos retenidos eran para uso personal, no deberían ser tipificados con el delito de contrabando; también ello podría ocurrir cuando el sitio en el que se producen las retenciones no permite determinar que los artículos pudiesen ser objeto de contrabando, porque si son artículos comprados al detal y son retenidos en San Cristóbal, por ejemplo, no puede determinarse que tengan como destino ser llevados hacia Colombia.
“Como abogado considero que la perpetración del hecho punible del contrabando de extracción es cuando a usted lo encuentran cruzando la frontera, no pueden imputarle el delito de contrabando a alguien que está comprando en un supermercado a 60 kilómetros de la frontera”, dijo Víctor Julio Cárdenas, jurista experto en la materia.
“Contrario a lo que dice la Constitución venezolana, las autoridades presumen siempre la mala fe, y la buena fe tiene que demostrarla; mientras la Constitución dice que este es un estado de Derecho y de Justicia en el que se presume la buena fe, y que la mala fe es la que debe probar el Estado venezolano a través del Ministerio Público quien es el rector de la investigación; es a quienes corresponde demostrar con pruebas la perpetración del hecho punible, y no como está sucediendo de acusar primero para luego los abogados demuestren que no lo cometió delito, porque cuando lo demuestren ¿quién le va a devolver los días que permaneció privado de su libertad? o ¿cómo le van a reponer el dolor de su familia, de sus hijos, la humillación de verse esposados y expuestos al escarnio público?”, acotó otro de los expertos vinculado a estos casos.
Cada día hay más detenidos
Desde el inicio del cierre parcial fronterizo -en agosto- hasta la fecha han sido detenidos 203 ciudadanos, de los cuales 46 son de nacionalidad colombiana. 37 de ellos están siendo procesados por alguno de los delitos asociados al contrabando.
“De diez procedimientos cuatro son indocumentados, la mayoría de ellos se trata de personas de nacionalidad colombiana”, dijo Crisseloy Chacó. “Hoy vamos a presentar a una señora que se detuvo en un expreso bolivariano, indocumentada, y que manifiesta que vive en la ciudad de Cúcuta. Ella llevaba 8 bolsas de jabón ACE de 900 gramos cada una. Ella se va a presentar por el delito de contrabando de extracción y la pena de ese delito es de 10 a 14 años, por lo cual nosotros nos venos en la obligación de solicitarle la privación de la libertad”.
Este caso se suma a los de Belsy Álvarez, de 40 años, y Yenifer Rojas, de 23, quienes fueron detenidas en un supermercado de San Cristóbal con una compra de unos 1.500 bolívares (30 mil pesos) y que hoy están a la espera de una audiencia preliminar, recluidas en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente; o al de Jaider Rueda Pérez, detenido en Peracal y hoy recluido en la Cárcel de Mérida. Como ellos otra treintena de colombianos sufre los rigores de permanecer presos en un país extranjero, con poco o nulo contacto con sus familiares.
“Ellas no conciben que por haber comprado un mercado las metan presas, eso no cabe en la cabeza de nadie, eso es difícil de entender que por un mercado que marca exactamente 1.502 bolívares, menos de 30.000 pesos; eso es un mercado, son mujeres humildes que necesitan llevar alimentos para sus hijos. En cualquier país del mundo uno lo que necesita para comprar es el dinero, como era antes en Venezuela y como lo es en Colombia, en Panamá o en cualquier otra nación”, dijo uno de los asesores legales de Belsy Álvarez y Jennifer Rojas, quien pidió no ser identificado.
Angustia e Incertidumbre
Eso es lo que sienten los familiares y amigos de Belsy Álvarez y Yenifer Rojas, quienes llevan ya más de diez días sin sostener ningún tipo de comunicación con ellas.
“La mamá de Yennifer está muy angustiada, ella a veces uno le habla y no sabe que es lo que uno le dice, ella no hace sino llorar, está en un desespero total, pues la hija de ella es una vendedora informal y es la primera vez que se ve envuelta en una situación de estas”, dijo vía telefónica Rocío Valencia, presidenta de la asociación sindical de vendedores informales de Cúcuta, quien se encontraba en compañía de Gladys Pedroza, madre de la joven detenida.
“Hasta el momento no hemos tenido acercamiento con ellas, no las hemos podido ver y lo poquito que sabemos es a través de la cancillería” apuntó.
Explicó Valencia que hasta el momento no tienen información de que a ninguna de las dos mujeres les hayan sido asignado defensores públicos. “La mamá no tiene para pagar los 300 ni 200 millones de pesos que le han pedido los abogados venezolanos, pero hablamos con la Fiscal y nos dice que el proceso va muy bien, pero que tenemos que esperar los 45 días para la audiencia”.
Además acotó que para poder viajar a Venezuela debieron tramitar un permiso especial fronterizo por causas humanitarias a través de la Secretaría de Fronteras de la Gobernación de Norte de Santander, quienes les ayudaron con los trámites. Este permiso les permitirá visitar el país durante 8 días.
“Nos toca viajar a cada rato porque nosotras somos vendedoras informales y si no trabajamos, pues no tenemos para comer. La mamá se está ayudando es con rifas, vendiendo mute y con una colecta que hicimos los vendedores informales”.
Apoyo y asesoría
La representación consular de Colombia en Venezuela ha brindado asesoría a los connacionales detenidos por delitos de contrabando, con relación al proceso penal venezolano. Algunos tienen defensores públicos, otros tienen defensores privados, de acuerdo a la capacidad económica de cada quien, pero en todos los casos, un asesor jurídico ha sido designado para ayudarles tanto en el área legal como en sus necesidades más apremiantes.
La mayoría de los detenidos de nacionalidad colombiana están recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente, a unos 18 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal. Allí, según relatan los asesores jurídicos, están siendo tratados como presos comunes.
Cada consulado tiene una circunscripción y atiende a los detenidos que son asignados a su circunscripción respectiva, brindándoles ayuda humanitaria, ropa y artículos de aseo personal, y asistencia social y jurídica.
“Estamos en permanente contacto con la Fiscal Superior del Estado, con mucho tacto, con mucho respeto, apegados a la norma, muy pendientes del proceso y tratando de colaborar en lo que esté a nuestro alcance, sin pretender manipular la justicia venezolana. Somos veedores del respeto a los Derechos Humanos, del debido proceso y de las garantías que les corresponden”, explicó el representante del Consulado General de Colombia en la capital tachirense.
Tomado de La Opinión
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