“Si el ´soat´ o seguro obligatorio de vehículos para ingresar a Colombia dura tres meses o menos, resulta obvio que se convirtió en un impuesto de ingreso que golpea la relación diaria que se ejerce en la frontera entre colombianos y venezolanos, en un tránsito que por demás es alto” de esta manera se refirió al tema el dirigente político del Táchira Carlos Casanova.
Casanova, representante de la oposición, ante lo que él llama impuesto de entrada al Norte de Santander, el problema mayor es que las autoridades colombianas utilizan la norma para hacer pesca de arrastre con los vehículos venezolanos toda vez que uno de los lugares para exigirlo son los alrededores del retén de ingreso al norte de Santander y en ese punto nadie tiene acceso a comprar dicho seguro, es decir, tiene en consecuencia la multa asegurada.
“El que haga visita regular en razón a su relación de frontera tiene que comprarlo cada 3 meses, lo cual indica un ordeño sistemático al venezolano o al doble nacionalidad que hace uso de su ingreso al norte de Santander, a Ureña y a San Antonio” indicó Casanova.
Si consideramos el precio del seguro en bolívares encontramos que el de una camioneta sale en 144.750 pesos y en bolívares 6.579 cada tres meses, y si es un carro pequeño que tiene que comprar el seguro en 88 mil pesos paga cada tres meses 4 mil bolívares -explicó al detalle el dirigente político y profesor universitario-. Si bien es cierto las normas tienen ya tiempo de haber sido aprobadas no es menos cierto que su rigidez en la aplicación ahora resulta insultante si consideramos el enorme diferencial del valor entre el peso y el bolívar; lo que para los colombianos es un salario básico, para los venezolanos es una multa de 7,1 salario básico, el equivalente en promedio a 30 mil bolívares que en el marco de la crisis venezolana no todos lo tienen. Esa multa se ajusta para Colombia pero no se ajusta para los venezolanos en cuanto a la cantidad de dinero, esa medida debe ser revisada de inmediato.
Igualmente indica Casanova Leal que una cosa es transitar por el territorio nacional y otra ser un visitante eventual en Cúcuta, no puede ser que al visitante y al usuario regular se le aplique un seguro temporal de tres meses cuando en todo caso lo lógico es que dure un año. “La mejor política es aquella que molesta menos al ciudadano, si ya bajar a la frontera es un suplicio por la militarización y requisa permanente que en muchos casos termina constituyéndose en violación a los derechos fundamentales, la nueva medida aplicada en Colombia busca terminar de liquidar la relación diaria que se produce entre colombianos y venezolanos. Los que pagaran al día son los bachaqueros”.
Finaliza diciendo Casanova que “los que no somos contrabandistas somos los perjudicados con las medidas que se toman entre Colombia y Venezuela.
Esa medida debe ser revisada y le corresponde a la cancillería venezolana hacerlo”.
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