José Rozo: “Gobierno debería aprovechar esta coyuntura para decretar emergencia económica en frontera”

“El Ejecutivo nacional debería aprovechar la coyuntura  presentada en la frontera con Colombia  para   decretar  la emergencia  económica en los  municipios  limítrofes y, de esa manera, abocarse  a encontrar medidas extraordinarias que permitan  resolver los problemas económicos y sociales  presentes en la región con el contrabando”.

El planteamiento lo hizo el expresidente de Fedecámaras Táchira,  José Rozo, quien refirió que el artículo 338 de la Constitución establece, dentro de los estados de excepción,  la posibilidad de crear la emergencia económica.  “Se pudiera crear la emergencia económica  para los municipios fronterizos por  90 días y,  a partir de allí, nos aboquemos dentro de  unas medidas extraordinarias a encontrar el mecanismo para que se pueda, por ejemplo,  recuperar el valor del bolívar”.

Al recuperar el valor del bolívar reduciríamos el problema del contrabando en más de 80 por ciento  y el 20 por ciento restante se podría  controlar con acciones represivas, a  nivel binacional.  Rozo  refirió que  otra  política que el  Gobierno podría aplicar es renovar la venta de combustible al departamento Norte de Santander,  pero aprovechar  los recursos del Fondo que está previsto dentro de ese convenio  binacional  por la negociación de la gasolina, para crear una Cámara de compensación  entre los bancos Centrales de Venezuela y Colombia  para  implementar el mecanismo que permita dar al bolívar  su justo valor.

Asimismo,  el vocero dijo que el país ve con agrado que Colombia  haya dejado de ser pasivo, permisivo, negligente  y hasta complaciente  con el saqueo que se le hace a Venezuela  por los cuatro costados con el contrabando.  Prueba de ello es que hay tres decretos en Colombia que facilitan  el ingreso ilegal de combustible  venezolano de contrabando. En aras de combatir verdaderamente  las causas de esa situación,  Rozo  expresa que el Gobierno venezolano debería exigirle a su homólogo colombiano que anule esos decretos, así como también buscar el mecanismo para extraditar a los ciudadanos que  han cometido delito en territorio nacional, que sus capitales sean devueltos a Venezuela  y pedir al Gobierno del vecino país que modifique las  leyes aduaneras  con relación al contrabando, porque  ese delito  en Colombia es demasiado benévolo, en comparación con la legislación de aquí.

Respecto al cierre nocturno de la frontera,   recalcó que esta medida está fuera del mandato de la Constitución,  ya que el artículo 50 establece claramente que es un derecho de los venezolanos entrar y salir de su territorio. Hay una restricción del libre tránsito de los ciudadanos, derecho que no se puede limitar, ni mucho menos eliminar.

Manifestó que apoyan todos aquellos operativos que se hagan para  contrarrestar el delito, en todas sus manifestaciones. “Siempre le  hemos exigido al Gobierno nacional el desmantelamiento de las bandas binacionales dedicadas al contrabando en la frontera, que tienen rutas, vehículos, contactos, dinero y el poder de la corrupción. A eso es lo que queremos que el Estado, conjuntamente con sus vecinos, se aboque a desmantelar.

No obstante, señaló que no se puede  dejar de lado el drama social que causó  el debilitamiento  de las  relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela,  cuando el presidente  Hugo Chávez tuvo su querella  con el presidente  Uribe. “Por esa confrontación se perdieron  en la frontera cerca de 20 mil empleos directos y la mayoría de esas personas hoy día están dedicadas a la economía informal, entre otras  actividades, en el ‘rebusque’, de llevar combustible o productos para venderlos al otro lado de la frontera. El Estado venezolano debe  devolver los empleos dignos que les quitó. De nada valdría aplicar  políticas represivas, si no se atiende el drama social presente en la frontera”.