El cierre de la frontera es hasta nueva orden



Por sorpresa, tomó a cientos de habitantes de lado y lado de la frontera el cierre de los puentes que unen a San Antonio con Villa del Rosario y a Ureña con Cúcuta.

Hacias las 10 de la mañana, aproximadamente, la Guaria Nacional Bolivariana procedió a bloquear con barricadas y camiones de esa institución la cabecera del puente en territorio venezolano.

Luego de que los vehículos y la gente quedaran prisioneros de lado y lado, las gentes alzaban sus cédulas venezolanas reclamando ingresar a su país, para votar en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el domingo próximo.

Los manifestantes alegaban que el cierre se dio sin previo aviso, ni siquiera luego de que el gobernador del estado Táchira, el oficialista José Vielma Mora, no se pronunciara al respecto en una entrevista radial ayer en la mañana.

Lizandro Javier Ortegano Perdomo, Comandante Distrito 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, aseguró que el cierre es permanente hasta el próximo lunes cuando reciban órdenes de abrir el paso nuevamente.

Pero como es usual, el bloqueo de los puentes internacionales no fue obstáculo para pasar de un lado de a otro. Por 100 bolívares, varios maleteros pasaban a las personas cargadas por el río Táchira. 

Incluso motos pasaron por el río, por las que cobran 200 bolívares, todo a la vista de las autoridades venezolanas.


Violan derechos humanos


Para el historiador venezolano  y experto en el tema de frontera, Walter Márquez, el intempestivo cierre del tránsito binacional, ocurrido ayer, incurre en serias violaciones a los derechos humanos e implica la comisión de delitos de lesa humanidad.

Recordó que para que se ejecute un cierre de frontera, primero debe decretarse un Estado de excepción en Consejo de Ministros, de acuerdo a lo establecido en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

En estas circunstancias, se deben restringir las garantías constitucionales, publicar la medida en Gaceta Oficial, notificarle al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y países miembros, e informar a la Asamblea Nacional, así como al Tribunal Supremo de Justicia, pero nada de esto ocurrió. 

Aseguró que la intención inicial del Gobierno nacional y del gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, para cerrar la frontera, es evitar que venezolanos que viven al otro lado del río Táchira pasen a votar. 

Márquez afirmó que durante el cierre de frontera, se afecta el derecho al trabajo, al sufragio, a la alimentación, a la educación, la salud, libre tránsito y también los derechos económicos, además de implicar un trato discriminatorio a los habitantes del Táchira, y Norte de Santander.

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