Estaciones de servicios entregarían su operación al Gobierno

Wilson Amaya Caro, presidente de Fendipetróleo Norte de Santander; Alberto Moros Quintero, de la estación de servicio de Pinar del Río, y María Eugenia Martínez, directora ejecutiva de la seccional de Fendipetróleo. (Foto Edinson Figueroa / La Opinión)

Cansados de ser señalados como los responsables del desabastecimiento de combustible, así como del acaparamiento del mismo, los propietarios de las estaciones de servicio anunciaron que están dispuestos a entregar la operación de estos negocios al Gobierno para que se dé cuenta de la verdadera situación de la gasolina y el ACPM en el área metropolitana de Cúcuta.

La propuesta nace de las dificultades que están teniendo los distribuidores para atender la demanda en la zona de frontera, debido a que el combustible importado de Venezuela no está llegando en su totalidad a los centros de acopio de Agua Linda (Los Patios) y Terpel (Villa del Rosario), desde octubre del año pasado, ocasionando cuantiosas pérdidas.

“Le entregamos al Gobierno nuestras estaciones para que las opere bajo las mismas condiciones como nos están tratando hoy, para que se dé cuenta y se fije que es inviable sostener un negocio si el cupo asignado no llega completo”, afirmó Wilson Amaya Caro, presidente de Fendipetróleo Norte de Santander. 

El gremio de distribuidores de combustibles estima que las pérdidas económicas para una estación de servicio con un cupo de 150.000 galones, asciende a los $40 millones mensuales. Un establecimiento con un cupo mínimo podría estar perdiendo entre $5 y 15 millones. Según Amaya, las bombas no están vendiendo ni el 30% del cupo asignado.

Esta situación, de continuar, afirma el presidente seccional de Fendipetróleo, podría obligarlos a cerrar las estaciones en un corto tiempo, complicando aún más el panorama económico del área metropolitana, que en los últimos cuatro meses se ha venido agudizando por las constantes devaluaciones del bolívar y la alta tasa de informalidad.

Alberto Moros Quintero, de la estación de servicio de Pinar del Río y uno de los promotores de entregar el control de las bombas al Gobierno, expresó que la crítica escasez de gasolina y ACPM lo ha llevado a dar por terminado, de mutuo acuerdo, varios contratos con importantes empresas ante la imposibilidad de cumplirles.

Los afiliados a Fendipetróleo responsabilizaron el Gobierno del desabastecimiento porque de los 3,5 millones de galones importados, solo llegan 1,7 millones de galones al mes. A pesar de que existe la posibilidad de completar el cupo con combustible nacional, el centro de acopio de Agua Linda no lo compra.

María Eugenia Martínez, directora ejecutiva de Fendipetróleo, explicó que los operadores de esa planta no tienen el músculo financiero para abastecerse con combustible nacional. En ese caso, sugirió que ese centro de acopio se entregue a otro operador con el dinero suficiente para garantizar el suministro a las estaciones de servicio.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía, en respuesta a un derecho de petición, explicó que el Gobierno es ajeno a la disponibilidad de volúmenes que Venezuela tiene para atender a Norte de Santander: “Esta disponibilidad obedece a la capacidad operativa de la refinerías del vecino país, información a la que Colombia no tiene acceso”, señala el documento de la citada cartera.

ACAPARAMIENTO

Sobre el acaparamiento del combustible o que este se esté vendiendo para llevarlo al interior del país, Fendipetróleo aclaró que la gasolina y el ACPM venezolano que llega a otras ciudades, corresponde al que pasa por las trochas en canecas, en pimpinas, más no el que compran en los centros de acopio de Agua Linda y Terpel.

Los distribuidores instaron a las autoridades para que emprendan las investigaciones o los controles necesarios para que se determine de una vez por todas cuál es el combustible que está ingresando al interior del país, si el de contrabando o el importado.

Norte de Santander tiene una población de 1,4 millones y un cupo mensual de 3,5 millones de galones, cantidad insuficiente para abastecer el parque automotor de la región, si se tiene en cuenta que departamentos como Tolima, con una poblacion similar, consume al mes 14 millones de galones. Bucaramanga y su área metropolitana demandan 8 millones de galones mensuales. 

“Denunciamos la doble moral del Estado por medio de los ministerio de Minas y de Hacienda; por un lado dicen que las estaciones desvían los cupos y hablan de que el contrabando hay que combatirlo y por el otro lado les interesa que el contrabando siga, pues se ahorran unos pesos en exenciones tributarias”, afirmó la junta directiva en un comunicado.