Contraloría le sigue ‘el ritmo’ a la fiesta del hospital rosariense

La imagen corresponde a la celebración del Día del Empleado, el pasado 5 de octubre en el Hotel Villa Antigua de Villa del Rosario. Según la Contraloría hay un presunto detrimento patrimonial por la rumba. 

Fue revelado por la Contraloría General de Norte de Santander un documento sobre el seguimiento al presunto detrimento patrimonial a manos de las directivas del Hospital Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario, quienes organizaron la fiesta para celebrar el Día del Empleado.

La rumba del 5 de octubre fue denunciada por el presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc) regional Norte de Santander, Aristides Hernández, al afirmar que allí hubo despilfarros de dineros sobre todo en licores, cervezas y comida.

El organismo  de control tuvo en cuenta las pruebas presentadas por Hernández como los recibos de caja y las fotografías en las que se evidencian la presencia del alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, y a la gerenta del hospital, Erika Aparicio León y de funcionarios del centro asistencial, en  plena celebración.

La contralora Claudia Patricia Rodríguez Ayala busca determinar el grado de responsabilidad por los gastos posiblemente desmedidos de la fiesta, por la que se pagaron  $9’500.000 para el disfrute de por lo menos 40 invitados.

En el documento se lee que la Contraloría General de Norte de Santander le hará el traslado del proceso a la Procuraduría al establecer que hubo posibles hallazgos disciplinarios y de responsabilidad fiscal por los gastos de la fiesta, que se registró en el Hotel Villa Antigua, desde las 10:00 de la mañana.

Pese a que la gerenta había reconfirmado que los recursos con los que se pagó la pachanga hacían parte del rubro de bienestar social del presupuesto de la institución, la contralora expresó que las políticas de bienestar social que se deben tener en cuenta para la satisfacción de las necesidades organizacionales como individuales  de los funcionarios deben estar dentro del contexto laboral.

“Se pudo evaluar que en el festejo en el que se consumió licor, se observan personas ajenas a la institución, por lo tanto refiero a usted el Decreto 2445/98 artículo 12… ‘está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público”, expresa el documento.

Entre los ítem revisados por el organismo de control fiscal se resalta que Erika Aparicio León invitó a su esposo; este a su vez llevó a otros dos compañeros de trabajo, los tres según reportes son policías y hacen parte del área de Sanidad en Bogotá.

También reseña que las pruebas presumen un hallazgo fiscal de $9’500.000 y otro disciplinario por la no aplicación del Decreto 2445 de 1998.

Otro hallazgo administrativo 

La contralora departamental evidenció que también hubo subcontratación de la orden de servicios a Luis Francisco Díaz Rubio, persona externa  quien se encargó de la organización de la fiesta.

“El valor de la orden es de $9’500.000, mientras que el contrato que hizo Díaz Rubio con el hotel para la prestación de los servicios es de $6’165.000 mostrando una diferencia de $3’335.000 entre el valor contratado y el liquidado por el hotel, por lo que hay un presunto hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal (gerente, supervisor de contrato y asesores)”, detalla la comunicación.

‘No presenta experiencia para el cargo’

Entre las denuncias de Anthoc se pidió la valoración de la experiencia laboral y veracidad de la hoja de vida de la funcionaria, pero esta también tuvo un presunto hallazgo administrativo y disciplinario ya que el ente de control “no observó la certificación de experiencia laboral en la ciudad”.

Añadió que no cumple con los requisitos exigidos por una convocatoria pública en la que se pidió un profesional con dos años de trabajo en cargos directivos o ejecutivos de un organismo, entidad pública o privada que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ahora lo que esperan las autoridades regionales es que la Procuraduría inicie su parte investigativa con el fin de esclarecer la legalidad de la pachanga, los costos y la confiabilidad de la hoja de vida de la funcionaria.