Los malos manejos de los recursos públicos en que habrían incurrido las pasadas administraciones y gerencias de entidades descentralizadas han desembocado, a la fecha, en la apertura de al menos 270 procesos de responsabilidad fiscal por $9.255 millones que al parecer no fueron bien ejecutados.
El informe elaborado por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sobre la vigencia 2011, fue presentado ayer al auditor general, Jaime Ardila Barrera, quien presidió un foro en Cúcuta sobre el control fiscal y las principales reformas al Estatuto Anticorrupción.
Según el documento, durante la primera fase de auditorías, que comenzó en enero, se detectaron 156 irregularidades fiscales que habrían ocasionado daños a las finanzas públicas por un valor de $3.933 millones, como consecuencia de fallas en los procesos de contratación, suministro de materiales, prestación de servicios, terminación de obras, convenios ejecuciones presupuestales y demás.
De ahí que la Contraloría Departamental, en cabeza de Claudia Rodríguez, decidiera hacer el traslado de 295 hallazgos disciplinarios a la Procuraduría, 52 penales a la Fiscalía y otros 670 a la propia Contraloría para que las irregularidades detectadas sean sometidas a un plan de mejoramiento.
Entre los municipios con más investigaciones por presuntos malos manejos a los recursos públicos figura Gramalote, en donde el órgano de control reportó un total de 40 hallazgos entre disciplinarios, penales, administrativos y fiscales, que suman $851 millones.
De acuerdo con el informe de la entidad, las anomalías se concentran en la falta de soportes para el pago de los contratos, irregularidades en la selección de los contratistas, falta de soportes documentales en algunos contratos de suministro y contratos de prestación de servicio en los que no se especifican datos primordiales para hacer seguimiento a los mismos.
Estas y otras presuntas inconsistencias se configuran en las principales causales para que haya fuga de recursos o para que las partidas dispuestas por la Nación sean susceptibles a malos manejos, afectando el erario.
A la larga lista de municipios en los que se han detectado irregularidades fiscales durante el 2011 se suman: Pamplona, Sardinata, Convención, Cáchira, Ábrego, Arboledas, así como las ESE de Gramalote y Tibú, la Tesorería del departamento y el Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona. (Ver cuadro 1).
SEGUNDA FASE
Durante la segunda fase de auditorías a los diferentes municipios del departamento, la Contraloría detectó un total de 109 hallazgos fiscales, 171 disciplinarios, 25 penales y 530 administrativos por un valor de $2.191 millones que presuntamente fueron malgastados por las pasadas administraciones.
Esta lista la encabeza el municipio de Durania en donde al parecer se malversaron $605 millones en el 2011.
En el grupo aparecen además El Carmen, Los Patios, el hospital Rudesindo Soto, Hacarí, Cucutilla, el hospital Juan Luis Londoño de El Zulia, la Secretaría de Educación del departamento, Chitagá y Toledo.
A los resultados de las auditorías se le suman las quejas interpuestas por la ciudadanía que a la fecha suman 184 entre denuncias y derechos de petición por un valor de $3.131 millones, que habrían sido mal manejados.
El mayor número de quejas es contra el hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, en donde fueron denunciadas presuntas irregularidades que ascienden los mil millones de pesos. (Ver cuadro 2 y 3).
LOS PROCESOS EN EL PAÍS
Tras destacar el informe elaborado por la Contraloría Departamental y advertir que el reto ahora es recuperar buena parte de los recursos embolatados, el auditor general, Jaime Ardila, reveló que la cifra de procesos fiscales abiertos en el país, a 31 de diciembre de 2011, alcanza los 6,4 billones, de los que se habría hecho un mal uso.
Lo preocupante del caso es que de esta suma tan solo el 7%, es decir unos $500 mil millones, logra recuperarse. La meta de la auditoría es aumentar, por lo menos, a un 20% la cifra de dineros que deben volver a sus destinos, por tratarse de recursos públicos.
Ante este panorama, Ardila manifestó que la auditoría, además de apostarle al control en tiempo real, se la está jugando con dos propuestas que a futuro pueden ir creando una cultura de la prevención. La primera de ellas tiene que ver con la creación de los contralores estudiantiles, que serán los encargados de supervisar la gestión de los rectores de sus propios colegios. A ellos se les sumarán los auditores universitarios, con los que se busca tratar de elevar el nivel de las veedurías ciudadanas.
CONTROL A LA CONTRATACIÓN
El auditor señaló además que otra de las estrategias a la que le están apostando las contralorías es al control de la contratación.
Un programa mediante el cual las distintas entidades que hacen seguimiento al manejo de los recursos públicos pueden supervisar los contratos que se realizan en el país, desde el mismo momento en que se firman, a fin de frenar los posibles detrimentos patrimoniales a los que estén expuestos los municipios y entidades.
Ardila dijo además que la auditoría está impulsando una reforma constitucional que establezca que la elección de los contralores se dé por concurso de méritos y se amplíe el periodo de los funcionarios para que este no coincida con el de los gobernadores y alcaldes.
Sin embargo, pese a la importancia de la propuesta, esta no ha tenido el eco que merece en el Congreso de la República.
El informe elaborado por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sobre la vigencia 2011, fue presentado ayer al auditor general, Jaime Ardila Barrera, quien presidió un foro en Cúcuta sobre el control fiscal y las principales reformas al Estatuto Anticorrupción.
Según el documento, durante la primera fase de auditorías, que comenzó en enero, se detectaron 156 irregularidades fiscales que habrían ocasionado daños a las finanzas públicas por un valor de $3.933 millones, como consecuencia de fallas en los procesos de contratación, suministro de materiales, prestación de servicios, terminación de obras, convenios ejecuciones presupuestales y demás.
De ahí que la Contraloría Departamental, en cabeza de Claudia Rodríguez, decidiera hacer el traslado de 295 hallazgos disciplinarios a la Procuraduría, 52 penales a la Fiscalía y otros 670 a la propia Contraloría para que las irregularidades detectadas sean sometidas a un plan de mejoramiento.
Entre los municipios con más investigaciones por presuntos malos manejos a los recursos públicos figura Gramalote, en donde el órgano de control reportó un total de 40 hallazgos entre disciplinarios, penales, administrativos y fiscales, que suman $851 millones.
De acuerdo con el informe de la entidad, las anomalías se concentran en la falta de soportes para el pago de los contratos, irregularidades en la selección de los contratistas, falta de soportes documentales en algunos contratos de suministro y contratos de prestación de servicio en los que no se especifican datos primordiales para hacer seguimiento a los mismos.
Estas y otras presuntas inconsistencias se configuran en las principales causales para que haya fuga de recursos o para que las partidas dispuestas por la Nación sean susceptibles a malos manejos, afectando el erario.
A la larga lista de municipios en los que se han detectado irregularidades fiscales durante el 2011 se suman: Pamplona, Sardinata, Convención, Cáchira, Ábrego, Arboledas, así como las ESE de Gramalote y Tibú, la Tesorería del departamento y el Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona. (Ver cuadro 1).
SEGUNDA FASE
Durante la segunda fase de auditorías a los diferentes municipios del departamento, la Contraloría detectó un total de 109 hallazgos fiscales, 171 disciplinarios, 25 penales y 530 administrativos por un valor de $2.191 millones que presuntamente fueron malgastados por las pasadas administraciones.
Esta lista la encabeza el municipio de Durania en donde al parecer se malversaron $605 millones en el 2011.
En el grupo aparecen además El Carmen, Los Patios, el hospital Rudesindo Soto, Hacarí, Cucutilla, el hospital Juan Luis Londoño de El Zulia, la Secretaría de Educación del departamento, Chitagá y Toledo.
A los resultados de las auditorías se le suman las quejas interpuestas por la ciudadanía que a la fecha suman 184 entre denuncias y derechos de petición por un valor de $3.131 millones, que habrían sido mal manejados.
El mayor número de quejas es contra el hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, en donde fueron denunciadas presuntas irregularidades que ascienden los mil millones de pesos. (Ver cuadro 2 y 3).
LOS PROCESOS EN EL PAÍS
Tras destacar el informe elaborado por la Contraloría Departamental y advertir que el reto ahora es recuperar buena parte de los recursos embolatados, el auditor general, Jaime Ardila, reveló que la cifra de procesos fiscales abiertos en el país, a 31 de diciembre de 2011, alcanza los 6,4 billones, de los que se habría hecho un mal uso.
Lo preocupante del caso es que de esta suma tan solo el 7%, es decir unos $500 mil millones, logra recuperarse. La meta de la auditoría es aumentar, por lo menos, a un 20% la cifra de dineros que deben volver a sus destinos, por tratarse de recursos públicos.
Ante este panorama, Ardila manifestó que la auditoría, además de apostarle al control en tiempo real, se la está jugando con dos propuestas que a futuro pueden ir creando una cultura de la prevención. La primera de ellas tiene que ver con la creación de los contralores estudiantiles, que serán los encargados de supervisar la gestión de los rectores de sus propios colegios. A ellos se les sumarán los auditores universitarios, con los que se busca tratar de elevar el nivel de las veedurías ciudadanas.
CONTROL A LA CONTRATACIÓN
El auditor señaló además que otra de las estrategias a la que le están apostando las contralorías es al control de la contratación.
Un programa mediante el cual las distintas entidades que hacen seguimiento al manejo de los recursos públicos pueden supervisar los contratos que se realizan en el país, desde el mismo momento en que se firman, a fin de frenar los posibles detrimentos patrimoniales a los que estén expuestos los municipios y entidades.
Ardila dijo además que la auditoría está impulsando una reforma constitucional que establezca que la elección de los contralores se dé por concurso de méritos y se amplíe el periodo de los funcionarios para que este no coincida con el de los gobernadores y alcaldes.
Sin embargo, pese a la importancia de la propuesta, esta no ha tenido el eco que merece en el Congreso de la República.
Tomado del diario la Opinión
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