El alcalde de Villa del Rosario, Carlos
Julio Socha Hernández, pidió la instalación de una base militar en la zona
rural de esa localidad fronteriza con Venezuela, azotada por la violencia y la
presencia de las bandas criminales.
La nueva propuesta apareció en una comunicación enviada a la defensora Regional del Pueblo, Carmen Ligia Galvis García.
Socha Hernández le escribió a la funcionaria para quejarse porque el titular de la Defensoría, Volmar Pérez Ortiz dijo: “el alcalde de Villa del Rosario ha propuesto en forma inexplicable organizar a grupos de civiles con el fin de prestar servicios de seguridad en tal municipio”.
Dijo que en su condición de jefe de la administración rosariense, ha trabajado en torno a proporcionar a la comunidad programas dirigidos al fortalecimiento de la participación ciudadana.
Además, aseguró estar haciendo esfuerzos por la construcción de confianza de la ciudadanía, la identidad local y la paz.
Recientemente, Socha Hernández advirtió que fue malinterpretado en su propuesta de implementar grupos de vigilancia privada en los 49 barrios del municipio, pagados por la comunidad.
Precisó que por esta razón acordó con los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y los habitantes de los distintos barrios, unirse con la Policía y crear 49 frentes de seguridad.
En respuesta a la inquietud del defensor del pueblo, el gobernante dijo:
“Y como conocedor de la norma superior y la ley en lo que respecta a la seguridad ciudadana, cada una de nuestras propuestas siempre han estado orientadas a la implementación de programas regidos por la interpretación que la misma Corte Constitucional ha reseñado sobre el tema en la sentencia C-572 de 1997, que reconoce el derecho a la comunidad de organizarse para defenderse de la delincuencia y apoyar a las autoridades legítimas, con estricta sujeción a las leyes vigentes”, explicó el alcalde en la carta a la Defensoría.
El responsable de la administración local en Villa del Rosario admitió altos índices de violencia en ese municipio, que según él, han generado efectos negativos en el crecimiento económico.
“Preocupación que la comunidad me ha manifestado a través de las reuniones que hacemos en el programa de Participación Ciudadana en la Alcaldía Movil, llegando a las diferentes zonas urbanas y rurales del municipio, actividad que nos ha permitido conocer los altos índices de robos y atracos que se suman a las muertes violentas generadas por la guerra entre bandas criminales”, agregó.
Hizo una relación de la cofinanciación de recursos que ha dispuesto del Fondo de Seguridad Ciudadana para el fortalecimiento de la fuerza pública:
-Compra de 18 motos, una camioneta y radios de comunicación.
-Dotación del CAI en el sector de la vereda Galán y próximamente la construcción de otro en Trapiches.
La gestión de un proyecto de 11 cámaras de seguridad para el casco urbano a través de un convenio con la Gobernación y el Ministerio del Interior.
-Por intermedio de nuestros presidentes de juntas de acción comunal y de los medios de comunicación hemos cursado invitación a la comunidad para que la Policía pueda actuar inmediatamente.
El alcalde Socha Hernández notificó que su “actuar frente al tema de la seguridad ciudadana no resulta para nada ‘inexplicable’, siendo por el contrario respetuoso y apegado con estricto celo a la institucionalidad y legislación colombiana”.
Le hizo una invitación a la Defensoría del Pueblo para que ejerza sus buenos oficios y colaboración para que la Presidencia de la República aumente el pie de fuerza policial en la zona urbana del municipio histórico e instale una base militar en la zona rural.
El martes pasado, durante la visita a Cúcuta, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, exigió resultados inmediatos en la lucha contra la criminalidad en esa localidad fronteriza nortesantandereana.
“Le pido al director de la Policía, mayor general José Roberto León Riaño, una intervención inmediata sobre Villa del Rosario. Tienen que darse importantes capturas en los próximos días. Nuestra presencia en esta ciudad no puede ser en vano”, precisó.
La nueva propuesta apareció en una comunicación enviada a la defensora Regional del Pueblo, Carmen Ligia Galvis García.
Socha Hernández le escribió a la funcionaria para quejarse porque el titular de la Defensoría, Volmar Pérez Ortiz dijo: “el alcalde de Villa del Rosario ha propuesto en forma inexplicable organizar a grupos de civiles con el fin de prestar servicios de seguridad en tal municipio”.
Dijo que en su condición de jefe de la administración rosariense, ha trabajado en torno a proporcionar a la comunidad programas dirigidos al fortalecimiento de la participación ciudadana.
Además, aseguró estar haciendo esfuerzos por la construcción de confianza de la ciudadanía, la identidad local y la paz.
Recientemente, Socha Hernández advirtió que fue malinterpretado en su propuesta de implementar grupos de vigilancia privada en los 49 barrios del municipio, pagados por la comunidad.
Precisó que por esta razón acordó con los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y los habitantes de los distintos barrios, unirse con la Policía y crear 49 frentes de seguridad.
En respuesta a la inquietud del defensor del pueblo, el gobernante dijo:
“Y como conocedor de la norma superior y la ley en lo que respecta a la seguridad ciudadana, cada una de nuestras propuestas siempre han estado orientadas a la implementación de programas regidos por la interpretación que la misma Corte Constitucional ha reseñado sobre el tema en la sentencia C-572 de 1997, que reconoce el derecho a la comunidad de organizarse para defenderse de la delincuencia y apoyar a las autoridades legítimas, con estricta sujeción a las leyes vigentes”, explicó el alcalde en la carta a la Defensoría.
El responsable de la administración local en Villa del Rosario admitió altos índices de violencia en ese municipio, que según él, han generado efectos negativos en el crecimiento económico.
“Preocupación que la comunidad me ha manifestado a través de las reuniones que hacemos en el programa de Participación Ciudadana en la Alcaldía Movil, llegando a las diferentes zonas urbanas y rurales del municipio, actividad que nos ha permitido conocer los altos índices de robos y atracos que se suman a las muertes violentas generadas por la guerra entre bandas criminales”, agregó.
Hizo una relación de la cofinanciación de recursos que ha dispuesto del Fondo de Seguridad Ciudadana para el fortalecimiento de la fuerza pública:
-Compra de 18 motos, una camioneta y radios de comunicación.
-Dotación del CAI en el sector de la vereda Galán y próximamente la construcción de otro en Trapiches.
La gestión de un proyecto de 11 cámaras de seguridad para el casco urbano a través de un convenio con la Gobernación y el Ministerio del Interior.
-Por intermedio de nuestros presidentes de juntas de acción comunal y de los medios de comunicación hemos cursado invitación a la comunidad para que la Policía pueda actuar inmediatamente.
El alcalde Socha Hernández notificó que su “actuar frente al tema de la seguridad ciudadana no resulta para nada ‘inexplicable’, siendo por el contrario respetuoso y apegado con estricto celo a la institucionalidad y legislación colombiana”.
Le hizo una invitación a la Defensoría del Pueblo para que ejerza sus buenos oficios y colaboración para que la Presidencia de la República aumente el pie de fuerza policial en la zona urbana del municipio histórico e instale una base militar en la zona rural.
El martes pasado, durante la visita a Cúcuta, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, exigió resultados inmediatos en la lucha contra la criminalidad en esa localidad fronteriza nortesantandereana.
“Le pido al director de la Policía, mayor general José Roberto León Riaño, una intervención inmediata sobre Villa del Rosario. Tienen que darse importantes capturas en los próximos días. Nuestra presencia en esta ciudad no puede ser en vano”, precisó.
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