Los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) continúan en cese de actividades en el Campus del plantel. Una porción de los docentes apoya el paro nacional.
05 DE NOVIEMBRE DE 2011
Un espaldarazo dieron parte de los docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) a los estudiantes que desde hace dos semanas protestan contra la reforma a la Ley 30 de educación superior en el país.
Parte del estudiantado, que decidió tomarse el Campus de manera pacífica ha hecho eco en la Asociación de Profesores y la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU) del plantel, quienes emitieron un comunicado de 10 puntos en los que hacen un análisis sobre la educación superior en Colombia y que termina por apoyar el sentir universitario.
En el documento se resalta la importancia de la educación superior en toda la comunidad estudiantil, (familias, estudiantes de la educación media y media técnica) y la afectación que podría traer el proyecto de Ley 112 que reforma la Ley 30.
Alberto Sarmiento Castro, presidente de la Asociación de Profesores de la UFPS, y su similar de la Asociación de Profesores Universitarios, Adolfo Ibarra Romero, coinciden en que “los actuales cambios en el contexto económico, político, cultural y social que vive el mundo hacen necesario la creación de un marco normativo que facilite avances en la Educación Superior para que responda a las expectativas de la superación del estado de crisis de nuestra sociedad. En ese sentido, el país requiere de una educación que incremente la posibilidad de hacer más productivo nuestro capital humano en un contexto democrático, de justicia, libertad y solidaridad”.
Su pronunciamiento también indica que la reforma a la Ley 30 profundiza la desigualdad en el acceso a la educación superior para amplios sectores de la población en el país, retrasa las posibilidades de vincular la universidad pública a la modernidad científica y no mejora la competitividad tecnológica y económica del país.
“Supedita el desarrollo institucional de la educación al crédito bancario para mantener su infraestructura educativa, física y humana sin el apoyo de los aportes de la nación. Uno de los resultados nefastos estaría en el incremento gradual de las matrículas, trasladando a los padres de familia la mayor carga del financiamiento de las universidades públicas” se lee en la misiva firmada por los docentes.
Para las asociaciones de profesores el Ministerio de Educación ha dejado de desfinanciar de manera gradual en los últimos 20 años a las universidades públicas, pues los ingresos han pasado de un 84% en 1993 hasta llegar al 51% en el 2008; según los educadores las consecuencias se han visto reflejadas en la elevación de costos.
“El desbalance lo ratifica la comparación del gasto per cápita del presupuesto nacional a las universidades, que entre 1993 y el 2008 pasó de 5,69 millones a 3,67 millones de pesos, obedeciendo a una reducción del 35% por ciento. El desembolso del presupuesto nacional a las universidades públicas escasamente alcanza el 1,01 por ciento del PIB, mientras la inversión orientada al armamentismo alcanza más del 6% lo que retrasa el proceso de modernización que requiere el sistema de educación superior colombiano. Es claro que el proyecto propende por desfinanciar la educación pública superior, privatizar las instituciones universitarias vigentes y mercantilizar el servicio público educativo.
Otros de los puntos
• Las marcadas deficiencias en la calidad de la educación. Según los educandos. Las pruebas SABER 11° demuestran el bajo nivel de los bachilleres en la región.
• Bajos índices de docentes con doctorados, poca inversión en ciencia y tecnología para finales de los años 90 y atraso científico y tecnológico del país y de Norte de Santander.
• Riesgo de desfinanciación, mercantilización y privatización de la educación superior bajo concepciones del modelo econó-mico neoliberal.
• Los docentes proponen que la reforma a la Ley 30 debe promover y garantizar la libertad de pensar y educarse.
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EL EXCESO DE EDUCACIÓN ES PERJUDICIAL PARA LA NACIÓN"... Ley 30 de 1992. Prohíbase el expendio de conocimiento a aquellos que no lo puedan comprar.
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