Comercio en San Antonio no levanta cabeza

La crisis comercial en San Antonio obligó a Jorge Valenzuela a emplearse en el almacén de su padre, desmontando el negocio que tenía para la venta de artículos de electricidad

Jorge Valenzuela cerró el almacén de electricidad que tenía en la zona céntrica de San Antonio del Táchira porque las ventas se desplomaron y ya no tenía para pagar a los proveedores, el arriendo del local, los servicios e impuestos.

Agobiado por la mala racha se refugió con el poco surtido que le quedó en la ferretería del papá, pasando de propietario a empleado, como única opción para sacar su familia adelante.

Atribuyó el bajón en ventas, que en su criterio superan el 85 por ciento en todo el comercio de la localidad fronteriza, a múltiples razones.

En primer lugar, la presión que ejercen los diferentes organismos de seguridad en la frontera, que alejaron a los compradores naturales y principales clientes: los colombianos.

Los compradores del hermano país venían en sus carros a adquirir diferentes productos para el uso personal o negocio, y eran maltratados por algunos funcionarios de tránsito “que tienen una inclinación especial por las placas amarillas”.

Optaron por venir en motocicletas y dejar los carros en estacionamientos de La Parada (Villa del Rosario) para evitar el pago de multas de tránsito, pero eran requeridos por funcionarios de la Guardia y otros organismos en las calles, y muchas veces les quitaban las mercancías.

Para evitar cruzar la Aduana Principal de San Antonio a riesgo de perder los productos comprados de manera legal, buscaron la ayuda de maleteros para pasar por el río Táchira, convirtiendo esa mercancía en contrabando, también con muchos riesgos.

Ante esa situación, la mayoría prefiere no venir a San Antonio, así el precio del peso con relación al bolívar los beneficie, según el relato de Jorge Valenzuela.

Esa apreciación la comparte Marina Carrillo, una matrona que tiene una quincalla en la avenida Primero de Mayo, a pocos metros del Centro Cívico de San Antonio.

Sumado al control y al mal trato de algunos funcionarios está el problema de las largas colas para entrar o salir de San Antonio, que también ha alejado a los compradores colombianos, explicó.

Ella que tiene 10 años en ese local, ha visto en los dos últimos reducido su patrimonio, con ventas por debajo del 50 por ciento, en productos de aseo personal y del hogar, que eran el fuerte en la capital del municipio Bolívar.

Lourdes Moreno Angarita, encargada de una comercializadora en la zona comercial de San Antonio, considera que las ventas vienen de mal en peor desde hace dos años, pero en el último semestre superan el 80 por ciento.

La Guardia no los deja trabajar, asegura, porque cuando un cliente sale del local, que funciona con apego a la Ley, es requerido y en algunos casos les decomisan la mercancía por esa razón los compradores se abstienen de venir.

“Nos mantenemos en el negocio a la espera de que el tiempo cambie, con la confianza puesta en Jesucristo”.

Recuerda que los mejores años fueron en la década del 80, “cuando traían las mercancías en grandes cavas, las ventas eran por mayor y 10 empleados no dábamos abasto para despachar a tanto cliente. Ahora solo estoy yo en las ventas y un encargado del almacén”.

El abogado y comerciante Jorge Valenzuela, que es directivo de la Cámara de Comercio de San Antonio, sostiene que el Gobierno Nacional y las autoridades locales no estimulan al sector privado, que es el gran generador de empleo en la frontera.

Si el comercio decae, se deja de pagar impuestos y se acaban los recursos para la inversión social, afectando a todo el colectivo, según Valenzuela.

Para estimular las ventas, es necesario que a los compradores colombianos se les de garantía de que no los van a maltratar las autoridades venezolanas, lo que redundaría en ganancia para todos, asegura.

Cuando una persona efectúa una compra y se le expide una factura, se debe dejar pasar por la Aduana sin ninguna restricción, porque son volúmenes que no alcanza a ser contrabando.

“No todo el que va en un carro con placa amarilla (colombiana) debe ser objeto de presión para sacarle dinero”, dijo finalmente Jorge Valenzuela.

CRISIS TOTAL

La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo, considera que el comportamiento actual del comercio en la frontera es preocupante con una marcada merma en las ventas que tiene temblando a todos los empresarios.

Se hizo un estudio para determinar el fondo de la problemática y se encontró en primer lugar, el temor que tienen los colombianos de ser maltratados cuando vienen a las localidades tachirenses, tanto por los funcionarios de Tránsito, como la Policía y la Guardia.

La situación se ha tratado de resolver mediante acercamientos con los comandantes de esos organismos, haciéndoles solicitudes expresas por parte de los gremios de Táchira y Norte de Santander para que flexibilicen los controles, según Isabel Castillo.

Se les ha dicho a las autoridades locales, que los colombianos son nuestros principales clientes, por lo tanto deben recibir un trato preferencial, y que no todos los que cruzan la frontera son delincuentes o vienen a cometer actos ilegales.

La dirigente gremial dijo que tienen puestas las esperanzas en la materialización de un Régimen Especial Aduanero que vendría a regular las compras menores que se hacen en San Antonio y Ureña, para que la gente pueda venir y con la factura pueda transitar libremente por la Aduana. Estamos tratando de incluirlo en la Ley Orgánica de Fronteras, para ver si por ese medio se puede implementar con mayor rapidez.

Reiteró que es preocupante la situación, con cierres y venta de locales en la zona comercial que alcanzan el 30 por ciento de los negocios establecidos, debido a una merma en las ventas por el orden del 80 por ciento en el último semestre, en sectores importantes como las confecciones, calzado, marroquinería y electrodomésticos. Una muestra de la crisis se puede apreciar en la desafiliación de por lo menos 100 empresas de la Cámara de Comercio en los últimos meses, pasado de 400 a 300 afiliados.

Se calcula que en San Antonio funcionan 380 negocios que operan de manera legal, pero que no están afiliados a la Cámara de Comercio, sin contar aquellos que no cumplen la normativa vigente, puntualizó Isabel Castillo.