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El verdadero acuerdo binacional, tiene que ver con el trato humano y flexible hacia los trabajadores de la informalidad de los puentes internacionales de Ureña y San Antonio por parte de las autoridades de ambos países: la Guardia Nacional y la Policía corrompidas, que utilizan el uniforme de esas instituciones para despojar a estos subempleados laboriosos del pequeño remanente del trasporte de pasajeros y de las mercancías de contrabando, imponiéndoles el decomiso del vehículo y sus mercaderías a cambio de elevadas sumas extorsivas.
Porque esos acuerdos por lo alto, entre las cámaras de comercio y los empresarios de los dos países, no beneficia PARA NADA al común de los habitantes de la región puesto que no se materializan en plazas de trabajo ni en bienestar social; todo lo contrario, por culpa de ellos tenemos que sufrir como en el pasado el caos vehicular en las cabeceras de los pasos elevados y el embotellamiento de ciudades pequeñas como Ureña y San Antonio. Con el agravante del deterioro de las vías que origina el paso de los camiones de carga que se prestan para que los ‘exportadores’ y agencias de aduana inescrupulosas efectúen el carrusel de esos productos (salida ‘legal’ y reingreso clandestino de la misma mercancía), más conocido como exportaciones ficticias o ‘lavado de dólares’, que genera el enriquecimiento de unos cuantos avivatos que hacen alarde de una suntuosidad ofensiva en la zona de frontera y constituye, además, en la práctica, una defraudación perniciosa a los fiscos de ambos países y un falso paradigma en la actividad comercial por sus expectativas de dinero fácil.
Aquí es donde juega un papel importante la dirigencia regional. Sin embargo vemos comprometidos en estas prácticas ilegales a parlamentarios, agentes de aduana y empresarios de doble moral, dueños de gandolas, casas de comercio e industrias, haciendo el juego sucio por una parte, y por la otra rasgándose descaradamente las vestiduras para que amplíen la medida que desmonta el IVA en los municipios fronterizos y para que se abran de una vez las exportaciones hacia Venezuela.
Ya es hora de que los alcaldes de la frontera, incapaces de generar trabajo digno, tomen cartas en lo referente al mal trato al comercio informal o cascarero y a la ciudadanía de bien que acude a las estanterías de Venezuela a estirar sus ingresos ante el alto costo de los productos de la canasta familiar en Colombia por cuenta de unas autoridades desmandadas que se lucran descaradamente del trabajo ajeno. LO mínimo que podrían hacer es que tras un acuerdo suscrito entre gobiernos y fuerzas armadas se estandarice un monto de mercancías por persona y se respete el abastecimiento de combustible fijado por el Ministerio de Hidrocarburos para el Estado Táchira y no se persiga más al trasporte pirata que cubre los servicios que las empresas formales no alcanzan a satisfacer. Y por supuesto que se sancione ejemplarmente a policías y guardias corruptos.
El menudeo de mercancías es el único intercambio comercial que beneficia a la comunidad fronteriza en general y no el comercio de importaciones y exportaciones de los empresarios del interior y unos pocos de la localidad que no le dejan nada a Cúcuta ni a los municipios del área metropolitana, aparte de su propios lucros por partida doble: el del incentivo por exportación y la tasa diferencial de la divisa norteamericana que venden en el mercado negro con enormes ganancias.
Por otra parte, todos conocemos el llantito de perro de nuestros industriales y comerciantes que en la bonanza no le tiran una miga de pan al pobre Lázaro, y cuando les tocan el bolsillo exigen sin ninguna vergüenza la solidaridad de toda la ciudadanía.
A este tráfico comercial entre grandes capitalistas no le jalamos; pero al comercio fronterizo del ejército de desempleados por las políticas neoliberales que impulsa el desarrollo local, le debemos dar todo el apoyo.
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El verdadero acuerdo binacional, tiene que ver con el trato humano y flexible hacia los trabajadores de la informalidad de los puentes internacionales de Ureña y San Antonio por parte de las autoridades de ambos países: la Guardia Nacional y la Policía corrompidas, que utilizan el uniforme de esas instituciones para despojar a estos subempleados laboriosos del pequeño remanente del trasporte de pasajeros y de las mercancías de contrabando, imponiéndoles el decomiso del vehículo y sus mercaderías a cambio de elevadas sumas extorsivas.
Porque esos acuerdos por lo alto, entre las cámaras de comercio y los empresarios de los dos países, no beneficia PARA NADA al común de los habitantes de la región puesto que no se materializan en plazas de trabajo ni en bienestar social; todo lo contrario, por culpa de ellos tenemos que sufrir como en el pasado el caos vehicular en las cabeceras de los pasos elevados y el embotellamiento de ciudades pequeñas como Ureña y San Antonio. Con el agravante del deterioro de las vías que origina el paso de los camiones de carga que se prestan para que los ‘exportadores’ y agencias de aduana inescrupulosas efectúen el carrusel de esos productos (salida ‘legal’ y reingreso clandestino de la misma mercancía), más conocido como exportaciones ficticias o ‘lavado de dólares’, que genera el enriquecimiento de unos cuantos avivatos que hacen alarde de una suntuosidad ofensiva en la zona de frontera y constituye, además, en la práctica, una defraudación perniciosa a los fiscos de ambos países y un falso paradigma en la actividad comercial por sus expectativas de dinero fácil.
Aquí es donde juega un papel importante la dirigencia regional. Sin embargo vemos comprometidos en estas prácticas ilegales a parlamentarios, agentes de aduana y empresarios de doble moral, dueños de gandolas, casas de comercio e industrias, haciendo el juego sucio por una parte, y por la otra rasgándose descaradamente las vestiduras para que amplíen la medida que desmonta el IVA en los municipios fronterizos y para que se abran de una vez las exportaciones hacia Venezuela.
Ya es hora de que los alcaldes de la frontera, incapaces de generar trabajo digno, tomen cartas en lo referente al mal trato al comercio informal o cascarero y a la ciudadanía de bien que acude a las estanterías de Venezuela a estirar sus ingresos ante el alto costo de los productos de la canasta familiar en Colombia por cuenta de unas autoridades desmandadas que se lucran descaradamente del trabajo ajeno. LO mínimo que podrían hacer es que tras un acuerdo suscrito entre gobiernos y fuerzas armadas se estandarice un monto de mercancías por persona y se respete el abastecimiento de combustible fijado por el Ministerio de Hidrocarburos para el Estado Táchira y no se persiga más al trasporte pirata que cubre los servicios que las empresas formales no alcanzan a satisfacer. Y por supuesto que se sancione ejemplarmente a policías y guardias corruptos.
El menudeo de mercancías es el único intercambio comercial que beneficia a la comunidad fronteriza en general y no el comercio de importaciones y exportaciones de los empresarios del interior y unos pocos de la localidad que no le dejan nada a Cúcuta ni a los municipios del área metropolitana, aparte de su propios lucros por partida doble: el del incentivo por exportación y la tasa diferencial de la divisa norteamericana que venden en el mercado negro con enormes ganancias.
Por otra parte, todos conocemos el llantito de perro de nuestros industriales y comerciantes que en la bonanza no le tiran una miga de pan al pobre Lázaro, y cuando les tocan el bolsillo exigen sin ninguna vergüenza la solidaridad de toda la ciudadanía.
A este tráfico comercial entre grandes capitalistas no le jalamos; pero al comercio fronterizo del ejército de desempleados por las políticas neoliberales que impulsa el desarrollo local, le debemos dar todo el apoyo.
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