Tomar posesión del acueducto de Villa del Rosario es el propósito que expuso la alcaldesa Emperatriz Misse Millán, al conocer la determinación judicial que favorece al municipio, contra la Acción de Tutela interpuesta por los responsables de la empresa Serpvir que tienen el manejo del suministro de agua a la población, como resultado de la gestión que adelantó el hoy ex alcalde Carlos Julio Socha Hernández, buscando mejorar el servicio, pero que según la administración y la comunidad, no ha habido respuesta positiva.
Campaña de reversión
La campaña de recuperación del acueducto la comenzó en mayo del 2008 la alcaldesa Emperatriz Misse Millán y toma un nuevo aire. El fallo del Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, decretó improcedente la tutela interpuesta por la empresa Servicios Públicos de Villa del Rosario, Sepvir S.A. EPS, la sociedad Unión Temporal Aguasander Limitada, Nidia Esther Rapalino, Diógenes de Jesús Martínez Quiroz y Orlando Quintero con la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario (Eicviro ESP) y el municipio de Villa del Rosario.
Los términos del proceso de liquidación del convenio se pararon, al fallar en primera instancia el Juzgado Primero de Villa del Rosario, conceptuó a favor de Serpvir, decisión que apelaron ante el Juzgado Civil de Los Patios, que se pronunció decretando la improcedencia de la acción jurídica. La notificación a la alcaldesa Emperatriz Misse Millán la hizo el secretario del Juzgado, Ciro Alfonso Mogollón Ortega y le comunica que, “Mediante fallo del 24 de los corrientes, este Despacho dispuso: Primero: Revocar la sentencia apelada y la medida provisional decretada en este asunto, por lo expuesto. Segundo: ‘Como consecuencia Decretar improcedente la Acción de Tutela No. 2008/00183-01 instaurada por.......’. (los querellantes se citan en los primeros párrafos de la información). Tercero: Notificar esta decisión- Cuarto: Enviar a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
El paso del Gobierno
La respuesta judicial le permite a la Administración de Villa del Rosario seguir con el proceso de liquidación, para el cual ya hay un Gerente Liquidador. Según la Resolución 542 proferida por el municipio de Villa del Rosario, pasan a manejar el servicio de acueducto y alcantarillado que queda bajo la responsabilidad de Eicviro. La Alcaldesa anunció una entrevista del gerente de Eicviro, Sergio Alberto Díaz con su homólogo de Serpvir, Ciro Arias para mirar los lineamientos a seguir y como van a llevar a cabo el proceso de liquidación
A trabajar
Precisó la gobernante que le van a garantizar la prestación del servicio de agua a la comunidad con eficiencia y calidad para devolverles la confianza. Se compromete con la devolución de los subsidios a los usuarios que no aplicaron los actuales manejadores de la Empresa y seguirán trabajando con la ayuda y el apoyo de la Gobernación y con los recursos que aporta el Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Un episodio más
Por su parte el gerente de Serpvir, Ciro Arias, calificó la determinación jurídica como un episodio más dentro del proceso que hasta ahora está comenzando. Dijo que Serpvir tiene las herramientas jurídicas para continuar defendiendo intereses de la Empresa y que van a utilizar las acciones a que tiene derecho, van a pedir la revisión del fallo y harán uso de la normatividad y de las posibilidades jurídicas para la empresa.
Manifestó que van a seguir con la causa, ‘esto hasta ahora está comenzando, como lo hemos dicho antes y nos apoyaremos en el argumento que nos da el fallo favorable en primera instancia; con fundamentos que tiene Sepvir para continuar con la lucha jurídica por defender la empresa y en general la prestación del servicio a los usuarios de Villa del Rosario’.Argumenta Arias que han enfocado a Serpvir en una actitud de responsabilidad frente la ciudadanía, de mejora de servicio y que en eso van a continuar, garantizando el suministro de agua y avanzando en la defensa de la empresa. En su concepto, será un litigio largo, que podría demorar por menos seis años, porque el proceso tendría que irse a la instancia del Tribunal Contencioso Administrativo.
Tomado de la Opinión
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