A juicio del abogado en ejercicio Jorge Valenzuela, “no es cierto lo afirmado por el ciudadano juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, quien ha dicho que durante el cierre de la frontera se han respetado todas las garantías procesales de los ciudadanos judicializados”
“En primer lugar, invito al ciudadano juez rector para que constate in situ las condiciones miserables en que se encuentran detenidos preventivamente ciudadanos por diversas causas, hacinados en recintos improvisados como cárceles, donde carecen de las más elementales condiciones de salubridad, ventilación e incluso algunos de esos sitios carecen de baño”.
Refirió que tres de esos recintos carcelarios improvisados están en las instalaciones del antiguo peaje de San Antonio, en la vía a Peracal, el campamento del Ejército en el sector Garrochal, vía al Aeropuerto, y el comando de la Guardia, ninguno de los cuales, a su juicio, reúne condiciones que se corresponden con el debido proceso que se debe seguir a los ciudadanos privados de libertad y tampoco con el denominado “Plan Cayapa” del que habla la ministra Iris Varela.
“Por otra parte, debe saber el ciudadano juez rector que en los casos en los cuales es procedente la privación judicial preventiva de la libertad, los jueces que conocen de la causa no están concediendo medidas cautelares sustitutivas, a pesar de ser procedentes, porque supuestamente éstas están suspendidas por órdenes superiores”, precisó.
El abogado señaló que esto violenta el debido proceso y contribuye al hacinamiento carcelario.
“Con razón la gente afirma en la calle que en este Gobierno un auto de detención no se le niega a nadie, porque hay personas imputadas por el supuesto delito de contrabando que fueron detenidas por llevar un kilo de arroz, un kilo de azúcar o un desodorante”, señaló.
Consideró que debe haber una ponderación y no juzgar a todo el mundo con el mismo criterio. “Tiene que haber justicia; y para que la justicia sea sana, cada juez debe analizar, ponderar y valorar la situación para evitar los excesos que perjudican el debido proceso y atentan contra la libertad, a la cual todos tenemos derecho”.
Valenzuela enfatizó que en los recintos carcelarios de la frontera deben mejorarse las condiciones de reclusión de los imputados, “porque toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Si una persona es sometida a condiciones tan indignas para al final del proceso decirle que es inocente y que disculpe, eso no es debido proceso ni constitucional”.
“Asimismo, si el juez considera que hay suficientes elementos de culpabilidad de la persona y dicta auto de detención, la ley también establece medidas cautelares sustitutivas para que no necesariamente la persona tenga que ir a un centro de reclusión. Puede haber caución jurada, reclusión domiciliaria o medida de presentación al tribunal, es decir, hay una serie de alternativas”, manifestó.
Por estas razones –añadió– invito al juez rector a constatar estas denuncias, a fin de que se hagan los correctivos necesarios y sus declaraciones se correspondan con la verdad y con la necesidad que tenemos los abogados y defendidos de que realmente se respete el debido proceso.
