El Consejo de Estado condenó a la Nación y le ordenó ofrecerles disculpas a sus familiares, entre ellos, al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en un acto en cabeza del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el comandante de la Policía, general Rodolfo Palomino. En ese evento tendrá que hacerse un reconocimiento a la memoria del senador Jorge Cristo, asesinado en Cúcuta, el 8 de agosto de 1997. Igualmente, el Estado debe indemnizar a sus familiares, excepto al ministro Cristo, quien, en 2013, desistió de la demanda y renunció a cualquier indemnización. (Vea la sentencia aquí)
Para el Consejo de Estado, pese a que el ELN fue el responsable de tan atroz crimen, fueron las autoridades quienes dejaron desprotegido al senador, sobre todo, en momentos en los que el conflicto se ensañaba con Norte de Santander y sus dirigentes. Cristo contaba apenas con un escolta que era, a su vez, su conductor. “La única medida de protección de la que gozaba el senador Cristo Sahiun no se compadecía con el nivel de riesgo para su vida e integridad física, habida cuenta de la situación de orden público y las circunstancias antecedentes”, dice la sentencia.
A lo que se suma que, de acuerdo con las condenas de los responsables de este asesinato, el ataque fue fríamente calculado. Los sicarios, quienes se hicieron pasar como vendedores de limones, tuvieron tiempo para planearlo y merodear durante algunos días el lugar donde se encontraba el consultorio del legislador, que se desempeñaba, además, como médico. “Ello da cuenta de la ausencia de medidas preventivas, de inteligencia o contrainteligencia para la protección de la víctima fatal”. Por ello, la Nación fue condenada.
No obstante, el Consejo de Estado fue vehemente en que esto no exculpaba, de ninguna manera, al ELN, y que este crimen no sólo vulneró los derechos de los familiares del dirigente, sino que, de la misma forma, “afectó de manera grave y profunda la vigencia imperativa del principio democrático y el ejercicio de los derechos políticos en la sociedad”. Para el alto tribunal, la muerte de Cristo, “en razón a su calidad de senador, no puede ser leída sino como un vil y bajo esfuerzo por parte del grupo armado insurgente ELN de silenciar la política democrática por la vía de las armas de fuego, actitud esta que desconoce abiertamente los principios y valores convencionales y constitucionales que orientan y dan sentido a Colombia como Estado Social y Democrático de Derecho”.
Lo hecho por el Eln no fue un crimen cualquiera y en esto el Consejo de Estado fue claro: “Con la comisión de acciones violentas contra la vida e integridad física de personajes representativos de la vida política nacional, sea cual fuere su ideología y/o tendencia política, se debilita la calidad de la discusión y el debate democrático sobre las cuestiones políticas, económicas, sociales y/o culturales que llaman el interés de la vida nacional”. Y así no se puede jugar el juego democrático.
El Consejo de Estado se mantuvo en que el ELN violó, “en perjuicio de Jorge Cristo Sahiun y sus familiares, las normas de Derecho Internacional Humanitario relativas al principio de humanidad y la indemnidad de los civiles (su vida, integridad física, libertad, bienes y demás derechos) en el marco de un conflicto armado interno”. Sin embargo, los comandantes de este grupo armado ilegal nunca fueron investigados por este hecho. Por ello, el Consejo de Estado le pidió a la Fiscalía que investigue estos hechos y decida si es abrir, reabrir, dar continuidad o priorizar la investigación de los hechos respecto de los integrantes de ese grupo armado ilegal.
De acuerdo con el alto tribunal, si tales medidas no son suficientes, las autoridades pueden acudir “a organismos internacionales a denunciar esta violación del Derecho Internacional Humanitario”, este silenciamiento brutal de la democracia por parte de un grupo armado ilegal que hoy busca sentarse a hablar de paz.
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