A Cúcuta llegan cientos de colombianos deportados por la Guardia venezolana, sin importar los muchos años que lleven o que estén casados con venezolanos.
En el Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) son reseñados por Venezuela los deportados antes de entregárselos a las autoridades colombianas.
Al escuchar el tono y palabras como chamo, pana o camarita muchos pensarían que se está en uno de los sectores más concurridos de Altamira, en Caracas, y no en el barrio Pescadero de Cúcuta. Allí está el Centro de Migraciones de la Diócesis, lugar que se ha convertido en el sitio de llegada y techo temporal de los cientos de deportados colombianos que están llegando de Venezuela.
Solo en lo que va corrido del año son más de 2.500 personas, quienes sin importar que llevaran seis, diez o 15 años en el hermano país o que tuvieran familia con venezolanos fueron capturados por la Guardia, montados en un bus y desembarcados horas después en Cúcuta. Más del 90 por ciento solo llegó con la ropa que tenía puesta.
En el Centro de Migraciones, Alejandro López Martínez es uno de los que más pronuncia la palabra ?chamo?. De cabello ensortijado, pantalón naranja remangado y barba a medio afeitar, dice sentirse tan venezolano como las caraotas, pero tuvo mala suerte. “Eran las 5:30 de la mañana. Iba para el trabajo y me subí en el autobús. De lejos alcancé a ver a los guardias, pensé que no se iban a subir, pero cuando me di cuenta ya estaban encima”. A López lo delató el nerviosismo, al recordar las noticias que días antes había visto por televisión, en las que otros connacionales habían sido capturados por no tener papeles venezolanos.
“Un guardia me pidió los documentos y, como no tenía, me bajó del bus. Igual pasó con otras seis o siete personas que iban ahí”?. Aunque no denunció maltratos, en el recorrido desde Caracas al puente internacional Simón Bolívar ni durmió pensando en cómo le iba a decir su esposa, que los 11 años que alcanzó a pasar desapercibido en ese país habían terminado.
Para Alejandro, como para la mayoría de los colombianos indocumentados en Venezuela, los días se han vuelto cada vez más difíciles. El desabastecimiento alimentario llevó a las autoridades a incrementar los operativos para verificar la legalidad de los extranjeros en ese país, en especial los colombianos, quienes son señalados continuamente por funcionarios del gobierno de ejercer el contrabando o ‘bachaqueo’.
El mismo presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo hace unos días en su programa de televisión que todos los deportados estaban vinculados con uno o varios delitos, como el ‘bachaqueo’ y la conspiración para acentuar la guerra económica en el país. En otras palabras, para justificar la inflación y la incapacidad de proveer productos básicos, el gobierno dice que hay una “guerra económica” en su contra por parte de sectores de “derecha oligárquica”, con apoyo de grupos de Estados Unidos y de Colombia.
Es por eso que la búsqueda de indocumentados se ha centrado de manera especial en las largas filas de los supermercados. Según la Cancillería de Colombia, en 2014 fueron deportados 1.772 connacionales, y este año, en menos de cinco meses, la cifra ya superó los 2.510. El 80 por ciento llega por Cúcuta, mientras que las otras fronteras como Paraguachón (La Guajira), Arauca y Puerto Carreño (Vichada) reciben el resto.
Quienes por ahora pagan los platos rotos de la nueva guerra bolivariana son colombianos humildes, como Cristian Alumía, otro de los deportados en Cúcuta, quien no desprende sus ojos negros del único teléfono que tiene el Centro de Migraciones. En Valencia o en Caracas –aún no lo sabe– están su esposa y su hija, ambas venezolanas, y no les pudo avisar cuando lo deportaron. Ahora espera noticias de ellas.
Cristian, quien viste al mejor estilo de un rapero gringo, es de una vereda de Buenaventura llamada La Gloria, de donde salió huyéndole a la muerte en 2009, cuando más arreciaban la guerra entre paramilitares y guerrilla. ?“Me dio miedo y me fui para Venezuela a trabajar. Un año después volví a Colombia, pero me volvieron a sacar y me regresé a vender fruta en las calles de Caracas”. Los amigos que hizo en la patria bolivariana le habían aconsejado, hace un par de semanas, que saliera más temprano de lo normal al mercado a comprar las frutas, que en las mañanas vendía en un carrito de madera. Cuenta que el truco le funcionó por unos días, pero ?la mala? le llegó un jueves a las 4:30 de la mañana. ?La Guardia nos cayó al mercado y nos trepó al camión.
En busetas públicas de Venezuela, escoltadas por funcionarios de migración de esa nación, los deportados son llevados hasta la frontera, donde el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) los reseña justo al lado del puente Simón Bolívar. De inmediato, son entregados a Migración Colombia, encargada de identificar a las personas, hacer el trámite de deportación y, en caso de tener alguna deuda con la Justicia, entregarlos a las autoridades. El problema es que algunos, que se fueron niños, no tienen identificación en ninguno de los dos países.
Después de una charla se les informa a los connacionales qué es lo que les ha pasado y el porqué de su expulsión. En este paso muchos aventureros solo se bajan de las busetas y en el menor descuido regresan de nuevo a tierras venezolanas. La mayoría, como Alejandro López, son reseñados y enviados en vehículos de la Cruz Roja o de Migración Colombia al Centro de Migraciones de Cúcuta.
Dos o tres días a la semana, el escritorio ubicado a la entrada del Centro de Migraciones de Cúcuta se vuelve el centro de operaciones de Juan Carlos González, miembro de la Cruz Roja Colombiana, quien tiene como misión convencer a los deportados para que vuelvan a sus lugares de origen en Colombia y no regresen a ese país como ilegales. Esta organización es la mano derecha de la Cancillería colombiana, pues se encarga de organizar todo el viaje de regreso de los deportados.
“En 2014 atendimos en esta frontera 300 personas, mientras que en 2015, a finales de abril, ya habíamos atendido 2.000 personas. Es un incremento impresionante”. Aunque les otorgan el valor del pasaje, viáticos y les gestionan lo necesario para buscar capitales semilla con el Fondo Emprender y el Sena, González reconoce que de 100 deportados, la mitad acepta; el resto se aventura a volver, como sea.
Segundo Neftalí Gómez Santamaría es el ?hombre orquesta? del Centro de Migraciones de Cúcuta. Como encargado administrativo del Centro de Migraciones, lleva diez años viendo todo tipo de historias untadas de migración y deportación. ?Pero esta ha sido la temporada más dura?, dice sin titubear, al relatar que en un solo día le tocó recibir a 150 deportados que llegaron de sorpresa. “Me tocó ponerlos a dormir hasta en la capilla y los corredores”.
Aunque la regla dice que un inmigrante o deportado solo puede estar tres días en el Centro de Migraciones de Cúcuta, algunos duran más de dos semanas mientras deciden lo que van a hacer. López es uno de los que ha escuchado los consejos de no regresar a Venezuela, y menos de manera ilegal, pues al estar reseñado por la Guardia Bolivariana se expone a ser capturado de nuevo e ir a juicio, donde podría ser condenado a diez años de prisión. “Le voy a decir a mi esposa que se vaya para La Guajira, así sea a empezar de ceros. Es muy arrecho que esto pase cuando uno ya estaba realizado, pero todo esto está pasando porque el gobierno venezolano cree que todos los colombianos estamos detrás del contrabando de alimentos”, dice López. Pese a esto, muchos como Cristian Alumía están dispuestos a regresar como sea con tal de volver a reencontrarse con su familia.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, sostuvo una reunión con los defensores del pueblo de Colombia y Venezuela, así como con autoridades de migración de ambos países, para analizar la situación en la que están los deportados y garantizar que no se les violen sus derechos. “Actualmente los gobiernos están trabajando en la implementación de un protocolo que garantice el respeto de los derechos de los ciudadanos colombianos inmersos en procesos de deportación, y el cual se ajuste a la legislación vigente”?, dijo la ministra Holguín.
Mientras esto ocurre, las capturas y deportaciones de colombianos siguen, dejando tras de sí familias partidas y sueños destrozados. Una política que solo Simón Bolívar les aplicó a sus mayores enemigos.
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