El ojo del pueblo

Qué mejor que el pueblo sea el que vigile la ejecución de los contratos del Estado, aunque le toque relevar de sus obligaciones a los comprometidos y muy politizados órganos constitucionales de control, tan dados ahora a la veleidad, a la exposición mediática desbordada, y a atravesarse zancadillas unos a los otros.

Es la mejor manera de que de verdad sienta lo que valen sus impuestos y se cerciore de lo que hacen con ellos, y cómo lo hacen. De ordinario, al pueblo se lo margina de toda actividad de control del gasto público, con el argumento algo baladí de que no está capacitado para establecer la realidad de algunos contratos.

Pues bien. Con el auspicio de Transparencia por Colombia, varias oenegés se han dedicado a la tarea de capacitar a líderes populares de Cúcuta, para que puedan ejercer necesarias veedurías de las obras públicas, en una ciudad en la que, hay que repetirlo, la corrupción va y viene, impune, de contrato en contrato.

La actividad de organismos solidarios como Manantial de Vida, Asojuntas Los Patios, Corporación Territorium y Asociación Juvenil La Primavera merecen, no solo el aplauso de los cucuteños, sino el respaldo decidido de todos aquellos que crean que es posible poner, no tanto al Estado, como a sus administradores, en cintura y exigirles cuentas de manera permanente hasta del último centavo.

El dinero de los impuestos es dinero del pueblo, no de las autoridades, por muy encumbradas que sean, y el uso de ese recurso deben hacerlo a la vista de todos, no con manejos bajo la mesa ni con licitaciones de mentiras ni mediante contratos entregados a los amigos luego de hábiles musarañas de prestidigitador.

Si enormes cantidades de dinero han ido a parar a los bolsillos de algunos funcionarios y exfuncionarios corruptos —y sigue yendo—, es debido a que los ciudadanos han estado viviendo a espaldas de lo público, interesados tal vez en que se hagan las obras, ignorando cuánto dinero se ha gastado, y de qué modo.

Pero, el control de lo público, es un derecho y un deber de cada ciudadano, y a ello nadie puede oponerse, mucho menos los funcionarios que tienen a cargo el manejo de esos recursos que son sagrados no solo en teoría, sino de verdad.

Cuando hay quienes vigilen hasta el contrato más pequeño, el principal resultado será que la corrupción entre en retirada y que los dineros del Estado alcancen para más, pues para poder robarlos, los corruptos tendrán que ser más hábiles y despiertos que el propio pueblo, y eso es casi un imposible.

Con el ojo del pueblo puesto en lo público, los obligados a trabajar serán los empleados de los organismos de control —Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Contaduría…—, porque el pueblo también estará encima de ellos, para establecer si cumplen o no con sus funciones y obligaciones legales y constitucionales.

Con el ojo del pueblo encima, los contratistas no tendrán los argumentos de siempre de que, por razón de nuevos costos, hay que darles más dinero, y las obras se concluirán en los plazos exactos determinados por los contratos.

Ojalá más y más líderes de barrios se interesen por ejercer la vigilancia que requieren los recursos del Estado. Hay organismos que los forman como veedores y fiscalizadores. Un poco de voluntad es necesaria, claro. Pero lo que no se puede permitir es que la corrupción siga siendo el motor de todo lo público.

Tomado de La Opinión