San Antonio.- Representantes legales de los Operadores Cambiarios Fronterizos que recibieron notificación de la revocatoria de la licencia para operar en el mercado cambiario, introdujeron sendos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, con la intención que se revisen los elementos que motivaron la revocatoria.
El presidente de la Asociación de Operadores Cambiarios Fronterizos del estado Táchira, Oscar Sánchez, informó que ya son 9 los operadores, de los 17 existentes en el eje San Antonio-Ureña, que han sido notificados de la revocatoria de la licencia, la cual les fue otorgada por el Banco Central de Venezuela, en 1998, para efectuar la conversión de monedas a mercado libre.
“La preocupación por la notificación de cierre se mantiene. Acudimos al gobernador del estado y le hicimos llegar un documento exponiendo la problemática, pidiendo su intermediación ante la Superintendencia, pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta”, agregó Sánchez.
En vista de la situación legal que enfrenta, indicó que los operadores que ya han recibido la notificación de cierre, a través de sus abogados, introdujeron un recurso de amparo sobrevenido ante el Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo que se pronuncie sobre otro amparo que introdujeron hace tres años, solicitando la revisión del articulado de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en el cual se basó la Superintendencia para revocar la licencia.
Asimismo, explicó que las empresas notificadas están ejerciendo sus derechos constitucionales y presentarán un recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario y si éste es negado, lo introducirán ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a fin de evitar el cierre de las agencias de cambio.
Las agencias de cambio sólo podrán ser cerradas cuando haya una sentencia firme. Si esto ocurre, dijo Sánchez, lamentablemente más de 150 familias quedarán sin trabajo y la conversión de monedas quedará en manos de la informalidad.
La Superintendencia está revocando la autorización de funcionamiento de los Operadores Cambiarios Fronterizos por el incumplimiento de disposiciones establecidas en la reforma parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, cuyo acatamiento fue exigido en el año 2011. Entre otros elementos, la Superintendencia exigió que la estructura accionaria de la empresa debe contar con un mínimo de 10 accionistas, cuestión que los operadores ven difícil de lograr porque argumentan que desde un comienzo las oficinas funcionan prácticamente como empresas familiares.
El ente rector igualmente los señala de incumplir una resolución dictada por el BCV, que exigía que debían adecuar la conversión de monedas al cambio oficial, procedimiento que los Operadores Cambiarios aseguran no pueden cumplir, porque no reciben dólares a precio oficial y además en 1998 fueron autorizados por el Banco Central de Venezuela para operar, bajo un régimen especial, a mercado libre.
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