La culpa no es de la vaca

Por: Eliseo Caballero

La ex alcaldesa Emperatirz Misse Millán es apenas la punta visible de la montaña de hielo en el desafuero de tomarse por asalto las instalaciones del acueducto municipal que había sido entregado en concesión a la empresa privada Serpvir, y tras lo cual se violaron en forma temeraria los derechos de los trabajadores de esa sociedad mixta: Serpvir (70% de las acciones) y el Municipio de Villa del Rosario (un desventajoso 30%). 

Sin embargo, a la sombra de la arbitrariedad de la ex alcaldesa hay que buscar los antecedentes y la corresponsabilidad de ciertos candidatos que se postularon para los comicios del domingo 9 de marzo del 2014 y una buena cantidad de concejales relectos y empresarios que tienen una coautoría pública y notoria en estos hechos por demás arbitrarios. 

Recordemos, por ejemplo, que el padrino político que financió en parte a la ex alcaldesa en su campaña fue el senador Carlos Barriga luego de que ella decidiera romper con el “cristismo” por la nominación a dedo de un candidato distinto en las encerronas, mal llamadas consultas, que acostumbra hacer el Partido Liberal en el municipio. Posteriormente, enderezado el entuerto con Juan Fernando Cristo por el cálculo de su marido Mauricio Franco, logran llegar a un acuerdo para la reversión de la empresa de acueducto que se produce, sin que medie orden judicial, con la colaboración de un escuadrón del Esmad y negándole el ingreso a los trabajadores a quienes a posteriori dejaron en un limbo sin indemnización y sin justa causa.

Otros de los patrocinadores de la ex alcaldesa fueron la empresa Ladrillera Cúcuta con quienes suscribió un pagaré por 300 millones de pesos y la adjudicación de puestos claves en la administración, y Jesús Díaz, alias Pambelé o el Cebollero, privado en estos momentos de libertad por sus presuntos nexos con organizaciones al margen de la ley.

Y finalmente, están los concejales Sandro Duarte, Jorge Gelvis, Julián Velandia, Pedro Prada y el más servil entre todos, Edgar Carreño, artífices de excepción para la época y quienes apoyaron este despojo: unos por acción, y otros por omisión.

Incluso, si buscáramos el origen de este mal que hoy por hoy condena al municipio al pago de 1.800 millones de pesos, no escaparía el actual alcalde Carlos Julio Socha que en su afán privatizador y de lucro otorgó durante su primer mandato la concesión a una empresa de maletín.