Patrimonio desprotegido

Por: Elisa Montoya
Es triste ver cómo un BIC (Bien de Interés Cultural) se va de los ojos de los administradores locales, y aún más triste ver cómo la comunidad lo permite. Hago referencia a esto debido al grave estado del complejo histórico de Villa del Rosario. Éste no es un lugar únicamente turístico o de uso para eventos de diversa índole como fiestas de quince años, matrimonios o posesiones de gobernantes; ni está allí sólo para tomarse fotos o hacer picnics.

El Patrimonio Cultural es un universo de bienes materiales y manifestaciones inmateriales que son distintos de los grupos humanos, a los cuales las propias comunidades por apreciaciones simbólicas, históricas, estéticas, artísticas, tradicionales o ideológicas incluso, a los cuales les adjudican un valor de identidad que se transmite socialmente en espacios y tiempos. El centro histórico entonces hace parte del Patrimonio Cultural, y ya que la cultura es el elemento orientador del contractualismo político, es decir, dado que preserva la estructura del Estado, éste no es un problema social únicamente, es un asunto de alta representatividad política, en tanto que si no se protege el simbolismo cultural de Villa del Rosario, la propia estructura del Estado podría entrar en una crisis.

El descuido del centro histórico de Villa del Rosario implica poner en riesgo la memoria colectiva en torno a los sucesos y fechas que éste representa, y en seguida se está violando el artículo once de la Ley 397 de 1997, la cual obliga a proteger el patrimonio cultural inmaterial –integrado por prácticas sociales, memoria colectiva, tradiciones, lenguas, artes, conocimiento y gastronomía-.

Por un lado, las faltas reales que se cometen al dejar en abandono un lugar como el mencionado van desde lo político, hasta lo legal.

Por otro lado, hay cuestiones del ámbito cultural que el municipio sí sigue al pie de la letra; por ejemplo, lo que establece la Ley 12 de 1932: cada vez que vamos a un espectáculo, como un concierto o una escena de ballet nos cobran como impuesto el 10% del valor de la boleta –este impuesto funcionaba para financiar la guerra con el Perú, pero desde 1995 debió dejar de cobrarse, sin embargo, la realidad es que se cobra, y viola el artículo 338 de la Constitución el principio de legalidad tributaria por carecer de la definición de elementos básicos.

Así las cosas, el municipio incumple leyes importantes en el cuidado de la cultura y rige otras que no tienen vigencia por recolección de tributos. Y el patrimonio cultural material e inmaterial se pone en riesgo, y con esto, la estabilidad política.

Yo, desde mi punto de vista político le propongo al señor alcalde Donamaris Ramírez Lobo que proteja y restaure este recinto antes de que venga otra demanda, ya no por inhabilidad sino por incumplimiento de sus labores como administrador local, y así, hasta le revocan el mandato; llegando ya a los últimos límites de la capacidad política del pueblo.

Tomado de la Opinion