¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden votar en Colombia?

En Colombia, los integrantes de las Fuerzas Armadas no pueden sufragar. Al menos así lo dicta la Constitución Política de 1991. Conozca las razones que sustentan esta medida que impedirá a los militares elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL) para el periodo 2024–2027.

El artículo 219 de la carta magna expresa que "Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos".

Esto con el fin de garantizar la imparcialidad de los miembros que están activos en la Fuerza Pública y su sujeción a la autoridad civil. Los miembros de la Fuerza Pública, ya sean policías o militares, no deben inclinarse a favor o en contra de ningún partido o movimiento político, sino que deben estar al servicio del Estado colombiano.

"Los militares son los garantes de seguridad y tranquilidad de los comicios”, añade la Misión de Observación Electoral (MOE).

"Tener militares, policías, miembros del Ejército, haciendo proselitismo electoral o tomando decisiones a través del voto en territorios, donde además están en armas, puede ser contraproducente para la seguridad de la democracia, que es la que ellos nos brindan", recalca la entidad.

En los últimos años distintos sectores han fomentado el debate sobre la posibilidad de que la Fuerza Pública pueda ir a las urnas. Sin embargo, estas iniciativas no han prosperado.

Según la Sentencia C-872 de 2003, la Corte Constitucional estableció las funciones de los órganos de la Fuerza Pública: “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.