Evaluar acciones judiciales ante el Tribunal Supremo de Justicia, propiciar un encuentro con el Ministerio del poder popular para la Defensa e incluso acudir a organismos internacionales y conversar con el Gobierno colombiano, son algunos de los pasos a seguir en los próximos días para continuar en la exigencia de que se abra la frontera entre Colombia y Venezuela, según explicó la diputada nacional Laidy Gómez, ante la falta de voluntad política del Gobierno para resolver esta situación.
La parlamentaria, que además es la presidenta de la Comisión especial de Fronteras de la Asamblea Nacional, dijo que este viernes no acudió a la sesión del parlamento para la entrega de memoria y cuenta del presidente Maduro, y en su lugar participó en un cabildo abierto desarrollado en el municipio Pedro María Ureña, en las adyacencias al puente Francisco de Paula Santander, con la presencia de autoridades locales, concejales, dirigentes vecinales, alcaldes, representantes de industria, comercio, transporte, cámara de turismo, donde convergieron todas las fuerzas vivas para hacer sus planteamientos y solicitudes.
Dijo Gómez que la crisis económica, social, humanitaria por los cinco meses que lleva el cierre de frontera ya es insostenible, se trata en términos de una emergencia, pues ya la población no aguanta un día más, y por ello decidieron generar este encuentro para el desarrollo de propuestas que permitan abrir el paso binacional.
Consideró que: “el cierre de frontera se da por un acto de fuerza que no está amparado en la Constitución, y agotaremos el diálogo con los organismos competentes como es el Ministerio de la Defensa, pero de la misma forma la comisión está facultada para presentarse ante entes internacionales, y pedirles que se exhorte al Gobierno venezolano a cumplir con los tratados suscritos y ratificados por la República, donde se establece que no se puede bloquear el libre tránsito inter fronterizo”.
Anunció que el miércoles 20 de enero se reunirán en la Comisión Especial de Fronteras, con las propuestas hechas en el cabildo, para elevarlas a los entes competentes en el país, “y vamos a evaluar la situación que es más grave, que son los crímenes de lesa humanidad, para ir a entes como la Corte Internacional de los Derechos Humanos con la evaluación de cada caso”.
Indicó la diputada que, como parte de lo surgido en el cabildo, el sector transporte expuso que es urgente el permiso para trasladar sus vehículos desde Norte de Santander hacia San Antonio en Venezuela, pues se quedaron allá desde el cierre y deben pagar altísimos costos por estacionamientos.
En cuanto al sector industrial se habló de solicitar el ingreso al país de la cantidad de materia prima que está represada en Cúcuta, como el caso de insumos para carrocerías de las empresas que fabrican unidades de transporte público, que también está paralizada por la falta de esos materiales para poder activar su funcionamiento y producción.
Igualmente se presentó un informe donde se destacan delitos de lesa humanidad, como el fallecimiento de personas en la mitad del puente, por falta de asistencia médica en el traslado al cruzar este paso, y se llevará a evaluación de la Comisión de Fronteras para ponerlo a órdenes de organismos internacionales, en vista de que no le han dado respuesta a las víctimas.
En el cabildo se solicitó revisar bajo qué normativa jurídica se cerraron las casas de operación cambiaria, y bajo qué ley se dieron ordenamientos internos para no permitir que el transporte de carga pesada ingrese a la frontera por la vía El Vallado, y se vean obligados a ir hasta San Cristóbal, lo cual implica más alcabalas y más matraqueo, dijo la diputada.
“Lo que proponemos, de la mano de todas las fuerzas vivas de la frontera, es que no se siga violando el derecho al libre tránsito, abrir el paso peatonal, permitir el ingreso de la materia prima, de los vehículos retenidos, entre otros aspectos”.
Expresó Laidy Gómez que mostró a los asistentes el contenido del acuerdo de la Asamblea Nacional emanado el miércoles 13 de enero, “donde se aclara que ya no estamos en estado de excepción y se pueden activar medios de participación popular para que el mismo pueblo exija la apertura de la frontera, con reuniones, cabildos, asambleas, e incluso actividades de calle”.
“El Presidente, en su capricho de mantener la frontera cerrada para seguir alimentando el comercio informal que se da por las trochas, no puede privar de garantías como el derecho a la manifestación, o los medios de participación popular, por un planteamiento que no tiene una consistencia constitucional”, advirtió la parlamentaria.
