El mandatario agradeció a Lara por su servicio y aseguró que la experiencia y trayectoria de Ordóñez serán fundamentales para afrontar los desafíos del país. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá las funciones de esta cartera.
En menos de 48 horas, Rodrigo Lara pasó de celebrar la consecución del quórum para el Presupuesto Nacional a ser despedido por el presidente Abelardo de la Espriella.
Aunque el hundimiento del proyecto se debió a un grave error de trámite del Ministerio de Hacienda (liderado por Miguel Gómez), Lara fue quien pagó el costo político. Sin embargo, el fiasco presupuestal es solo la punta del iceberg.
📌 ¿Qué hay realmente detrás de su salida?
La destitución evidencia una profunda fractura interna y una victoria para Carlos Suárez, estratega y amigo del presidente. Lara venía acumulando tensiones con el ala radical del gobierno: no respetó la directriz de silencio ante la prensa, contrató funcionarios ajenos a la línea oficial y sus posturas moderadas —como elogiar a un líder histórico de la UP o sus pasadas críticas a Trump y Bolsonaro— chocaron de frente con la "batalla cultural" que promueve el abelardismo.
📌 El reemplazo: Un giro a la derecha dura
El exprocurador Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro. Su llegada es un claro mensaje de radicalización ideológica. Ordóñez aterriza como un símbolo de la derecha religiosa e intransigente, consolidando un gobierno que prefiere la confrontación antes que los matices.
Para varios sectores en el Congreso, esta decisión aleja aún más al Ejecutivo del Legislativo, cambiando a un ministro que sabía dialogar con las bancadas por un perfil de choque sin partido propio.
¿Qué opinas de esta movida del gobierno de De la Espriella? 👇
En menos de 48 horas y tras una rápida intervención de las autoridades, fue enviado a prisión el hombre que amenazó de muerte a la esposa e hijos del presidente Abelardo de la Espriella.
Luego de interponer la denuncia el pasado 18 de octubre, las autoridades ejecutaron un allanamiento que terminó con la captura del sujeto, a quien además se le halló una importante cantidad de marihuana en su poder. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos por amenazas contra servidores públicos y tráfico de estupefacientes, logrando que un juez le dictara medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Frente al resultado judicial, el jefe de Estado fue enfático en que la tranquilidad de las familias colombianas es innegociable y envió una contundente advertencia: "En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable!".
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En un operativo de la Policía Nacional fue capturado alias "Kevin Masacre", señalado cabecilla del narcotráfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y presunto sucesor del abatido alias "Bendito Menor".
De acuerdo con inteligencia militar, el detenido encabezaba el control de las rutas de droga, la adquisición de armamento y el enfrentamiento con otras estructuras criminales en la región. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres celulares.
Tras la operación, el presidente Abelardo de la Espriella ratificó la postura de su Gobierno frente al crimen organizado: "¡Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas! Vamos por los cabecillas, sus estructuras y hasta el último peso de sus finanzas criminales. En la Patria Milagro, la seguridad de los colombianos se defiende con autoridad, firmeza y resultados".
Como Cindy Johana Lizcano, de 34 años, fue identificada la víctima del ataque sicarial registrado en la avenida 14, entre calles 13 y 14 de Cúcuta. La mujer fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en ocho ocasiones mientras ella también se movilizaba en motocicleta.
De acuerdo con las primeras versiones, Lizcano portaba un brazalete del Inpec al momento del crimen. Además, las autoridades investigan un posible vínculo con el homicidio de otra mujer ocurrido el pasado domingo en el barrio El Salado; según las primeras hipótesis, Cindy habría sido atacada cuando se dirigía precisamente al sepelio de esta víctima.
El caso ya se encuentra bajo investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia en la ciudad.
Una mujer falleció debido a la gravedad de sus heridas luego de ser embestida por una patrulla motorizada de la Policía Metropolitana de Cúcuta. El lamentable accidente ocurrió en la vía principal de este municipio, a la altura de la urbanización Montebello Uno, en el momento en que la víctima intentaba cruzar la calle.
La preocupación reaparece entre los integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tras confirmarse el asesinato de dos de sus funcionarios en hechos violentos registrados en el oriente del país.
El caso más reciente ocurrió en Santander, donde sicarios acabaron con la vida del dragoneante Diego Acevedo Garzón, adscrito a la cárcel de Girón. El funcionario fue atacado a tir0s en la cabeza la noche del miércoles 14 de octubre dentro de su restaurante Sabor Argentino. Pese a que fue auxiliado y remitido a la Clínica Foscal en Floridablanca, falleció durante el traslado.
A este crimen se suma el violento homicidio de Brayan Rangel Saavedra, también funcionario de la institución penitenciaria, ocurrido en Cúcuta (Norte de Santander). Rangel Saavedra fue impactado por proyectiles de arma de fuego mientras se encontraba al interior de un vehículo Chevrolet Spark GT en una estación de servicio del barrio Prados del Este.
Ambos homicidios, que generan un profundo temor y mantienen en máxima alerta a los trabajadores del INPEC, son materia de investigación por parte de las autoridades para identificar a los responsables y esclarecer los móviles detrás de los ataques.
El caricaturista Julio César González, conocido como "Matador", volvió al centro del debate en plataformas digitales tras la difusión de versiones sobre supuestos cambios en su esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y señalamientos por vinculaciones contractuales con el gobierno saliente.
En redes sociales se han promovido cuestionamientos sobre la continuidad de la protección oficial del dibujante y la cancelación de presuntos beneficios económicos asignados en la administración anterior. Sin embargo, a la fecha no existen pronunciamientos oficiales de la UNP ni registros públicos en la contratación estatal que confirmen la cancelación de contratos o modificaciones en su esquema de seguridad.
Las decisiones de la UNP sobre el mantenimiento o retiro de esquemas de protección responden a evaluaciones periódicas del nivel de riesgo que enfrenta cada protegido.
El Fondo Milagro, creado para atender a los damnificados del reciente terremoto en Colombia, vuelve a estar en el centro de la controversia. Aunque el presidente Abelardo de la Espriella anunció su entrada en funcionamiento, el mecanismo aún no opera formalmente, prolongando la espera de las comunidades afectadas por la reconstrucción.
La representante a la Cámara Cathy Juvinao cuestionó los retrasos, advirtiendo que, pese a la firma del contrato fiduciario, aún no se han aprobado los manuales operativo y de contratación. Por su parte, el gerente del fondo, Jaime Uribe, explicó que el Consejo Directivo celebrará su primera reunión este 15 de octubre, una vez que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregue el Plan de Acción Específico, documento que servirá como hoja de ruta.
El debate también abarca la administración de los recursos y la participación interterritorial. Según Uribe, el fondo iniciará operaciones con $624.000 millones de pesos provenientes de un crédito con la banca multilateral. Adicionalmente, reportó que $360.000 millones ya fueron ejecutados en la fase de atención de la emergencia. El esquema actual contempla mecanismos para que departamentos y municipios no afectados directamente por el sismo aporten a la financiación del proceso de reconstrucción.
La situación actual plantea interrogantes sobre los tiempos de ejecución, la gestión financiera y las garantías para que la ayuda llegue de manera oportuna a las familias damnificadas. Mientras el Gobierno avanza en trámites administrativos, las comunidades continúan a la espera de soluciones efectivas para recuperar sus viviendas y medios de vida.
La contradicción entre el anuncio oficial de operatividad y la falta de requisitos esenciales para su funcionamiento mantiene las dudas sobre la agilidad estatal en la respuesta a la emergencia.
En operativos de control aduanero, las autoridades incautaron mercancía ilegal avaluada en más de $103 millones, incluyendo 3.690 cajetillas de cigarrillos y 314 medicamentos.
Durante los allanamientos, una persona fue capturada por los delitos de corrupción de alimentos y enajenación ilegal de medicamentos.
Adquerir productos solo en lugares autorizados y denuncia el contrabando a la línea 159 o al WhatsApp 321 394 2169.
Una grave denuncia sacude al Hospital Erasmo Meoz: cientos de personas perdieron la vida aguardando autorizaciones y remisiones médicas.
📉 Fallecidos por demoras administrativas👇
▪️ Nueva EPS: 238
▪️ Migrantes: 96
▪️ ComfaOriente: 71
▪️ Coosalud: 28
⚠️ Actualmente, otros 256 pacientes siguen "varados" esperando un traslado de urgencia (130 de ellos de Nueva EPS). La veeduría de salud exige acciones inmediatas al Gobierno y a las EPS. La vida no puede depender de un papel.
Habitantes de la vereda La Angalia (Norte de Santander) vivieron momentos de terror la noche del miércoles tras quedar atrapados en medio de fuertes combates y el lanzamiento de explosivos desde drones.
La falta de señal telefónica en la zona impide tener un reporte oficial de daños o víctimas hasta el momento. Esta táctica armada sigue consolidándose como una de las mayores amenazas en el Catatumbo.
El costo de vida en Colombia continúa en ascenso, y septiembre dejó una nueva señal de presión sobre el presupuesto de las familias.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual se ubicó en 6,29 % en septiembre de 2026, por encima del 5,18 % registrado en el mismo mes de 2025. Este nivel sostenido en los precios de bienes y servicios no se registraba desde julio de 2024.
Solo durante el noveno mes del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación de 0,37 %, superando el 0,32 % reportado un año atrás. La tendencia al alza también se refleja en el acumulado: entre enero y septiembre de 2026, la inflación alcanzó el 5,74 %, frente al 4,56 % del mismo periodo del año pasado.
Más allá de los porcentajes, estas cifras ilustran el impacto directo en el día a día de los colombianos. Hacer mercado, pagar los servicios públicos o cubrir necesidades básicas exige hoy una mayor tajada de los ingresos, obligando a los hogares a ajustar sus cuentas para sobrellevar la pérdida de poder adquisitivo.
Un duro revés político y judicial sufre Carlos Julio Socha Hernández, quien buscaba llegar a su 4ta alcaldía en Villa del Rosario. El alto tribunal ratificó la sanción de destitución e inhabilidad general por un periodo de 17 años y 7 meses en su contra.
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado emitió esta sentencia el 3 de junio de 2026, resolviendo de manera definitiva el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la defensa del exmandatario.
⚖️ Los hechos que motivaron la sanción👇
❌Socha Hernández fue hallado responsable disciplinariamente de cometer una falta gravísima a título de dolo durante su mandato en el periodo 2012-2015.
❌La justicia comprobó que el exalcalde actuó como "determinador" para que la directora del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datrans) celebrara el contrato interadministrativo núm. 001 de 2014.
❌Dicho acuerdo se suscribió con la Empresa de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario S.A.S., una sociedad de economía mixta, con el fin de ejercer actividades de tránsito tercerizables.
❌Se demostró que para firmar este contrato se evadió la modalidad de selección exigida por la ley y se utilizaron estudios previos deficientes.
❌Con su accionar, Socha Hernández desconoció por completo los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal en Colombia.
Aunque el Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la sanción y resolvió en contra de Carlos Julio Socha Hernández, la misma sentencia establece en su parte resolutiva que aún procede un recurso adicional.
Específicamente, el punto "Cuarto" del fallo señala: "Informar a la parte recurrente, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, que contra la presente decisión procede el recurso de doble conformidad, para lo cual se seguirá lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011".
Esto significa que la defensa de Socha Hernández todavía tiene la oportunidad legal de interponer este recurso de doble conformidad para que otra Sala del Consejo de Estado revise el fallo. Si decide no interponerlo en los tiempos que dicta la ley, la decisión quedará en firme; pero si lo interpone, habrá que esperar a que se resuelva ese último recurso para que la sanción sea definitiva.
