Pérdidas millonarias por fraude de remesas en Venezuela

El gobierno del estado Táchira calcula millonarias pérdidas para el Estado venezolano debido al envío irregular de remesas al exterior. Cientos de personas se amontonan cada mes en las casas de envíos en Cúcuta para reclamar las remesas. 

Las remesas familiares que se envían desde Venezuela al exterior, para atender necesidades de familiares directos –ascendientes o descendientes- se han reducido de manera significativa según se ha podido evidenciar en las casas de cambio que eran utilizadas para los envíos. Las extensas colas que se registraban no se han vuelto a ver desde que el ejecutivo del Táchira tomó cartas en el asunto.

José Gregorio Zambrano, director de Política de la Gobernación del Táchira, designado por el gobernador José Gregorio Vielma Mora para ejercer el control de la expedición de las cartas de residencia, dijo que las medidas tomadas rindieron sus frutos, pues antes se llegaban a expedir hasta 15.000 constancias mensuales. 

Hoy, con los nuevos requisitos exigidos y tras centralizar la entrega de las constancias de residencia, la solicitud y entrega en la dirección de Política tuvieron una aparatosa caída, toda vez que desde que entró en vigencia la nueva normativa hasta la fecha solo se han pedido 30 y se han aprobado 17.

Ello incida que los datos que tienen que cumplirse son dispendiosos, pero no hay duda que son miles de aspirantes que no pueden presentar una documentación consistente, con lo cual se demostrará que la mayoría de las remesas tenían características de fraude.

¿Estafa a la nación?

“Es más que evidente porque por las averiguaciones que se han adelantado muchos de los estudiantes que aparecen en universidades colombianas, en verdad cursaban  estudios en San Cristóbal, o trabajaban o vivían entre nosotros”, aclaró Zambrano.

Según el funcionario, el mecanismo que utilizaban era falsificar matrículas para lograr el documento de residencia, pero luego de verificar las constancias en las universidades se constataba que la persona consultada no estaba vinculada a la institución. Las investigaciones han determinado “padres postizos”, con documentación falsa y no pocos que con su mismo nombre hacían la maniobra para girar y cobrar.

El director de Política expresó que no es posible que una persona que gana el salario mínimo (2.400 bolívares) pueda mandar más de dos remesas a familiares suyos que le cuestan 3.780 bolívares.

Y en esto, afirmó, “es nuestra obligación decirlo, hay involucrados unos 300 funcionarios públicos venezolanos, que se prestaron para la estafa a través de falsificación de documentos; son investigados y con seguridad deberán responder por los delitos cometidos”.

Según José Gregorio Zambrano, mensualmente se estaban expidiendo 12.000 cartas de residencia, y teniendo en cuenta que en promedio una persona enviaba dos remesas al mes, al multiplicar la cifra por 600 dólares, que es lo que cuestan las dos remesas mensuales, se llega a un total de 7.200.000 dólares.

Así, concluye el funcionario que en un término de 12 meses el Estado venezolano estaría perdiendo 86.400.000 dólares. Y teniendo en cuenta que hace aproximadamente un año y medio se disparó el envío de remesas hacia el exterior, el gobierno nacional habría llegado a perder 129.600.000 dólares.

Sin embargo, considera que no se acabarán las remesas, pero sí deberán pasar por una rigurosa reforma. 

“Las remesas son una gracia que el Estado creó para que venezolanos o extranjeros residenciados en el país, puedan ayudar a familiares necesitados que vivan fuera de Venezuela. Las remesas seguirán siendo un privilegio para quienes puedan demostrar que tienen un familiar directo en el exterior que cuenta con los recursos para hacer esos envíos”.

En cuanto a las sanciones asegura que “quien cometió el ilícito de cobrar durante seis meses de manera irregular 900 dólares, saldrá perdiendo porque le quitarán el cupo de divisas por internet, será suspendida su tarjeta de crédito, si tiene alguna empresa que solicita dólares para importar materia prima, bienes o servicios, también puede ser afectado”.

Finalmente añadió que hasta no tener el panorama completo del fraude que se ha cometido no implementarán las estrategias jurídicas y penales, pues aseguró que es un procedimiento extenso y no se cuenta con mucho personal.