El Fondo Milagro, creado para atender a los damnificados del reciente terremoto en Colombia, vuelve a estar en el centro de la controversia. Aunque el presidente Abelardo de la Espriella anunció su entrada en funcionamiento, el mecanismo aún no opera formalmente, prolongando la espera de las comunidades afectadas por la reconstrucción.
La representante a la Cámara Cathy Juvinao cuestionó los retrasos, advirtiendo que, pese a la firma del contrato fiduciario, aún no se han aprobado los manuales operativo y de contratación. Por su parte, el gerente del fondo, Jaime Uribe, explicó que el Consejo Directivo celebrará su primera reunión este 15 de octubre, una vez que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregue el Plan de Acción Específico, documento que servirá como hoja de ruta.
El debate también abarca la administración de los recursos y la participación interterritorial. Según Uribe, el fondo iniciará operaciones con $624.000 millones de pesos provenientes de un crédito con la banca multilateral. Adicionalmente, reportó que $360.000 millones ya fueron ejecutados en la fase de atención de la emergencia. El esquema actual contempla mecanismos para que departamentos y municipios no afectados directamente por el sismo aporten a la financiación del proceso de reconstrucción.
La situación actual plantea interrogantes sobre los tiempos de ejecución, la gestión financiera y las garantías para que la ayuda llegue de manera oportuna a las familias damnificadas. Mientras el Gobierno avanza en trámites administrativos, las comunidades continúan a la espera de soluciones efectivas para recuperar sus viviendas y medios de vida.
La contradicción entre el anuncio oficial de operatividad y la falta de requisitos esenciales para su funcionamiento mantiene las dudas sobre la agilidad estatal en la respuesta a la emergencia.
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