El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, respondió con firmeza al oficio enviado por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, sobre una supuesta amenaza a la independencia de esa jurisdicción a raíz del trámite presupuestal en el Congreso. El mandatario rechazó tajantemente los señalamientos y defendió la potestad del Gobierno y del Legislativo para ordenar el gasto público con base en la realidad fiscal del país.
🟢Responsabilidad fiscal, no "asfixia": El presidente aclaró que fijar el presupuesto no es un castigo ni una amenaza. Desde 2018, la JEP ha recibido más de tres billones de pesos; para 2027 solicitó 947.642 millones de pesos, de los cuales el proyecto asignó 821.803 millones. Los recursos públicos son limitados y exigen rigor en su asignación.
🟢Exigencia de rendición de cuentas: De la Espriella cuestionó que el alto volumen de su aparato burocrático y los salarios de sus directivos no se corresponden con el ritmo de resultados judiciales. Exigió que la entidad explique cómo prioriza y ejecuta el dinero recibido antes de denunciar afectaciones institucionales.
🟢Fortalecimiento de la justicia ordinaria: El mandatario enfatizó que su prioridad es robustecer la Rama Judicial ordinaria —la cual sufre congestión, falta de tecnología y millones de procesos rezagados— para combatir de manera efectiva la impunidad que padece la generalidad de los ciudadanos.
🟢Gobernar con prioridades claras: El jefe de Estado concluyó que honrar los acuerdos no implica financiar sin medida a un tribunal especial en detrimento del resto del sistema judicial, reiterando que ordenar el gasto y exigir resultados es un deber constitucional ineludible.
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