En el marco del primer comité de derechos humanos, convocado por la Secretaría de Gobierno de Norte de Santander, el gobernador Silvano Serrano enfatizó en la idoneidad de hacerle seguimiento especial a las acciones para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas sociales que están bajo amenazas.
“La posibilidad que nos brinda esta instancia (Comité) lleva a que todas las instituciones y autoridades, que aquí tienen asiento, den cuenta de las acciones que se han consolidado entre todos para preservar la vida y garantizar el respeto a los derechos humanos,” sostuvo el mandatario regional.
En esta primera sesión, se revisaron las alertas tempranas existentes en la región que dan cuenta de las amenazas a líderes sociales, presencia de grupos armados ilegales y la disputa por territorios entre el Eln y Epl en zona de frontera.
“Como lo ha dicho el gobernador, Norte de Santander es una región multicrisis, donde se han presentado en menos de 6 meses varias situaciones que han alterado el orden público y nuestro objetivo, a través de este Comité, es preservar la vida”, aseguró Felipe Corzo Álvarez, secretario de Gobierno.
Con base en esta situación, y con miras a garantizar la defensa de los derechos humanos, la administración regional consolidó en el Plan de Desarrollo 2020-2023 una línea de acción completa que incluye tres programas estratégicos en el eje de convivencia.
“Con ello, queremos consolidar acciones interinstitucionales concretas en materia de seguridad, derechos humanos, derecho internacional humanitario y convivencia”, explicó Corzo Álvarez.
Se trata de unas apuestas que contemplan 113 metas que consolidan el trabajo durante los próximos cuatro años a consolidar la paz en Norte de Santander.
Una de esas metas que ya empezó a consolidarse es la formulación de la política pública departamental de derechos humanos, con el apoyo de USAID. El objetivo de este trabajo, que contará con el apoyo de la agencia estadounidense será fomentar la construcción colectiva de paz territorial basada en el dialogo social incluyente, justicia social con equidad y la promoción de y garantía de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.
En este trabajo habrá participación de la institucionalidad representada en la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, miembros de organizaciones sociales y expertos en derechos humanos, que estarán de acuerdo a las temáticas que se desarrollen en las sesiones propuestas.
El documento que resulte de las sesiones y mesas de trabajo será validado por la Gobernación y consultado con los municipios para su aprobación.
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