Las autoridades del país vecino entran a los establecimientos, cogen lo que quieren y se van sin pagar ni dar explicaciones. Los comerciantes prefieren guardar silencio para evitarse problemas.
La situación para los habitantes de San Antonio y Ureña, en la frontera entre Colombia y Venezuela, parece estar llegando al límite, pues en las últimas semanas ya no solo tienen que soportar las requisas y el decomiso de alimentos en las calles por parte de la Guardia venezolana, sino que ahora este cuerpo policial se dedica al robo directo en los establecimientos comerciales.
Así lo denunciaron a Portafolio varios comerciantes de estas poblaciones, ubicadas a solo 100 metros de la línea fronteriza.
“Los de la guardia llegaron a mi local, entraron a la bodega, revisaron y se llevaron bastante papel higiénico, jabón para lavar y productos de aseo para la casa. Les dije que yo todavía no había pagado esa mercancía, que me la pagaran y dijeron que no, que era para la revolución”, aseguró el dueño de un establecimiento.
La respuesta del propietario fue el silencio, “porque inventan cosas, lo encarcelan a uno y lo pueden dejar por años encerrado acusado de quién sabe qué vainas”.
Otro de los perjudicados fue un dueño de un pequeño supermercado, quien afirmó que llegaron a su establecimiento, “cogieron frutas y verduras porque no hay ni carne, ni pollo y se fueron sin pagar. Apenas me miraron. Yo no les dije nada por miedo”. Y así, cuentan, que en la última semana la Guardia Bolivariana va de negocio en negocio, llevándose lo que les place.
Pero eso no es todo, las autoridades se pasean pidiendo en los comercios gaseosas, jugos, pasteles, tortas o una botella de licor regalados a sabiendas de que los comerciantes se ven obligados a concederles sus peticiones. “Presunción es a la palabra a la que más le tenemos miedo. Puede haber la presunción de que uno es cualquier cosa”, dijo otro ciudadano de la zona.
A pocas horas de las elecciones legislativas en las que el oficialismo perdería la mayoría en la Asamblea por primera vez en 15 años, según todas las encuestas, los comerciantes ven en esto un tipo de intimidación por parte del gobierno venezolano.
Con el estado de excepción decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro para la zona, la campaña electoral ha sido atípica. En este bastión de la oposición, en donde Henrique Capriles ganó con un 68,2 por ciento de los votos en la última elección presidencial de 2013, no se permiten las manifestaciones, las reuniones públicas, el libre tránsito y el Gobierno tiene el poder para cerrar negocios, como ocurrió con las casas de cambio de toda el área hace poco.
“No hay reuniones, ni afiches, ni nada, no parecen elecciones. Pero los pocos chavistas sí se pueden reunir y las mismas autoridades los cuidan”, afirma indignado un ciudadano por el abuso de poder del partido gobernante.
Esa misma persona asegura que la votación por la oposición puede llegar al 80 por ciento, pues la gente está cansada del autoritarismo, el desabastecimiento, por el cierre de la frontera y, sobre todo, del trato dado a los colombianos cuando se les destruyeron sus casas y se les expulsó del país a mediados de agosto pasado.
MÁS MEDIDAS... MÁS CORRUPCIÓN
A medida que el gobierno de Nicolás Maduro incrementa la lucha al contrabando y trata de hacer más difícil el paso en la frontera, más fuerte se hace la corrupción entre sus propias autoridades. Los guardias venezolanos apostados en los puentes fronterizos en la zona de Cúcuta cobran 100.000 pesos por permitir cada tránsito de venezolanos y colombianos para uno u otro lado, y aunque suena banal, invariablemente exigen una gaseosa manzana tamaño grande. Incluso, ya hay personas que del lado colombiano trabajan como intermediarios ubicando a los potenciales clientes, cobrándoles la tarifa, llevándolos hasta la mitad del puente y haciéndole señas al guardia de turno para que los deje pasar. Pero el que no tiene suficiente dinero tiene otras alternativas, en una moto o un carro lo llevan a una de las trochas a un par de kilómetros de los puentes y allí puede pasar por 30.000 o 50.000 pesos, los cuales son pagados a los paramilitares del lado colombiano y a la Guardia del lado venezolano.
Tomado de Portafolio
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