Tres meses después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidiera empezar a cerrar las fronteras con Colombia, en Norte de Santander, el principal paso fronterizo entre ambos países, la situación aún no logra estabilizarse.
El cierre, realizado tras un atentado que sufrieron tres miembros de la Guardia Venezolana en hechos confusos en la ciudad vecina de San Antonio, desembocó también en la dramática salida de cerca de 18.770 colombianos que vivían en el país vecino y en señalamientos hacia las comunidades nacionales de promover el contrabando y conformar supuestos grupos paramilitares.
La Alcaldía de Cúcuta informó que en medio de la crisis existe un registro de 3.000 familias que se instalaron en esa capital. Aunque han sido priorizados por distintas entidades del Gobierno Nacional para echar raíces en el país y vienen recibiendo los subsidios de arrendamiento de 250.000 pesos y opciones de empleo, el alcalde Donamaris Ramírez señaló que la situación tiende a complicarse.
“Se requiere que se siga haciendo mucha obra pública y se siga trabajando con el Gobierno para que la gente tenga una posibilidad de empleo, porque el municipio está en capacidad de darles salud y educación, pero de ahí a darles empleo no es fácil”, aseguró el Alcalde de la ciudad, donde el desempleo alcanza el 14,4 por ciento y la informalidad laboral, el 71,2.
En el sector del comercio también hay preocupación. Si bien se han visto beneficiados por la medida de la exención del IVA hasta el 31 de diciembre, decretada por el Gobierno, los comerciantes mantienen sus reservas sobre cómo les irá cuando empiece el 2016, ante los reiterados anuncios de Venezuela de que el cierre es indefinido.
Gladys Navarro, directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander, indicó que la medida protege cerca de 50.000 empleos, pero su aplicación es solo “un auxilio” de corto plazo.
“A partir del primero de enero, la situación vuelve a tornarse difícil. Nos preocupa mucho el primer trimestre”, precisó.
Tras el desmonte provisional del IVA, Fenalco reportó un incremento en las ventas de entre el 25 y el 30 por ciento. Con el cierre, el sector de alimentos es al que mejor le va, ya que es uno de los mercados más afectados por la incidencia del contrabando.
Otros sectores vitales de la economía regional, los que dependen del tránsito entre ambos países, se han visto más golpeados.
El gerente de Asocarbón, Jaime Rodríguez, aseguró que los exportadores de la región que sacaban su producción por puertos venezolanos registran pérdidas mensuales aproximadas a los 6 millones de dólares, aun con las disposiciones especiales brindadas por el Gobierno para darle salida al mineral por territorio colombiano desde puertos en el Caribe.
De las 360.000 toneladas de carbón que se hubieran podido mover por Venezuela en los 90 días que lleva el cierre, por Colombia solo salieron 70.000.
Por otro lado, los cambistas de la región han previsto el cierre en diciembre de varios negocios dedicados a la compra y venta de divisas, especialmente de bolívares, si no se concreta la apertura.
Juan Fernando González, presidente de Asocambios, indicó que la situación que afrontan no ha sido cobijada por alguna medida. Los 303 profesionales del cambio en Cúcuta reportan pérdidas mensuales superiores a los mil millones de pesos.
Pimpineros especulan
Los pimpineros de Cúcuta, que antes del cierre solían vender gasolina venezolana de contrabando a precios irrisorios, ahora comercializan el producto de las estaciones de servicio locales al doble de su valor.
En Cúcuta, el galón de combustible subsidiado se vende en las estaciones a 5.300 pesos. Y los pimpineros se lo venden, por estos días, a 10.000 pesos a los usuarios que no quieren hacer las filas (de hasta 40 minutos) en las pocas estaciones de gasolina que hay, 20 en total.
En la última semana, la Policía incautó 1.200 galones de combustible a los vendedores ilegales. El 70 por ciento era producto nacional.
“Hay personas tanqueando sus vehículos en las estaciones para después desocupar el tanque y meterlo en pimpinas para revenderlo en las esquinas. Se ha minimizado el contrabando, pero la reventa de combustibles es lo que los pimpineros están aprovechando”, dijo el coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía en Cúcuta.
Yuleima García, vocera de Sintragasolina, el sindicato de los pimpineros, señaló que se han visto abocados a comercializar el combustible nacional como una manera de sobrevivir, mientras se aterrizan los planes de reconversión laboral para su gremio.
La lucha diaria de los que volvieron
“Hemos aguantado hasta hambre”. Con esta frase, Luz García, de 40 años de edad, resume la difícil situación que les ha tocado afrontar a ella y a sus tres hijos, luego de salir de uno de los albergues en los que permaneció por más de un mes, tras haber llegado a Cúcuta en medio de la crisis fronteriza.
Esta mujer, quien recibió un subsidio de arrendamiento de 250.000 pesos para tres meses, señala que ese recurso le alcanza para el alquiler de una pieza en el barrio Motilones de Cúcuta, donde, asegura, no vive en condiciones dignas, pues su única pertenencia son tres colchonetas que le entregó la Cruz Roja. Lamenta su situación, pero teme aún más por el futuro que le espera cuando no tenga con qué pagar el techo donde vive.
En iguales condiciones manifiesta estar Carmen Bolívar, quien obtuvo un empleo temporal de medio tiempo a través del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Bolívar, que retornó a Colombia el pasado 7 de septiembre con sus dos hijos y su esposo, precisa que el sueldo que recibe, la mitad de un salario mínimo, no le alcanza.
Aunque las medidas del Gobierno Nacional mitigaron los impactos negativos de la crisis fronteriza con Venezuela, en Cúcuta algunos sectores no logran recuperarse.
“He intentado buscar empleo en otras cosas, pero ha sido en vano. Hemos pasado bastante necesidad, especialmente los niños”, comentó la mujer, quien, junto con un grupo de hombres y mujeres expulsados del país vecino, adelanta labores de limpieza en las calles de la capital de Norte de Santander.
La colombiana, de 32 años de edad, quien abandonó todas sus cosas en Caracas (Venezuela) y ahora vive en un ‘rancho’ en el barrio El Trigal, insiste en que la crisis para ellos aún continúa.
Así también lo cree William Castro, quien salió de Venezuela temiendo perder a sus dos hijos, nacionales de ese país. Castro, que también trabaja como barrendero en las calles de Cúcuta, no deja de lamentarse por la paga. “Para qué nos puede servir un poco más de 300.000 pesos cuando tenemos dos o tres hijos”, dice.
Además, no sabe si el contrato le será renovado en enero; de ser así, pide que le sea pagado un sueldo mínimo completo. “Pedimos un contrato digno”, dijo el hombre.
A través del Sena, el Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social se logró ubicar laboralmente a 1.568 personas de las 18.770 que retornaron a Colombia en medio de la crisis.
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