Tras los inconformismos que generaron en Cúcuta los operativos de control con el tránsito de motos y carros venezolanos que circulan por la ciudad, la Alcaldía presentará un proyecto de acuerdo al Concejo para resolver la situación.
En la propuesta de la Alcaldía se plantea que los dueños de esos vehículos paguen un impuesto por concepto de internación temporal.
El proyecto nació luego de los diálogos que efectuaron representantes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la administración municipal, con los líderes de motociclistas de la ciudad.
La internación temporal es una figura jurídica que permite a vehículos adquiridos en países vecinos circular dentro del territorio de departamentos fronterizos, previo el cumplimiento de unos requisitos y la autorización del mandatario local.
Según explicó el alcalde de Cúcuta, Donamarís Ramírez-París, el pago por internación se realizaría por el término de 10 años. De aprobarse, antes de que finalice el mes de enero de 2015, la Alcaldía espera tener internadas 25.000 motos y carros con matrícula venezolana.
“Con la internación se garantiza a la gente que las autoridades no van a pedir ningún papel del orden aduanero”, dijo Ramírez-París, recordando que uno de los hechos que incitó los inconformismos fue la solicitud de documentos de carácter aduanero que acreditaran la legalidad de los medios de transporte.
No obstante, después de la aprobación, el conductor con vehículo de placas venezolanas no estará exento de que se le requieran papeles por aspectos de seguridad o la licencia de conducción. La internación será para habitantes de Cúcuta y tendría un valor anual que ronda los 40.000 y 60.000 pesos.
Por su parte, la Procuraduría Regional ofició al mandatario de Cúcuta, señalando la importancia de implementar las normas relativas al registro de vehículos en internación temporal.
Con este comunicado, el ente busca prevenir que motocicletas de matrícula venezolana, utilizadas como instrumento de trabajo que circulan en el área metropolitana, sean objeto de inmovilización o decomiso por parte de la Polfa, con el argumento que se trata de vehículos de contrabando.
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