El representante Wilmer Carrillo y el exgobernador William Villamizar.
El precandidato a la Gobernación de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, fueron declarados responsables por la Procuraduría y la Contraloría, por el caso del puente de Puerto León.
Según las anotaciones que aparecen en los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, ninguno ha pagado 242 millones de pesos por detrimento patrimonial, como lo ordenó el 21 de octubre pasado un fallo de segunda instancia de la Contraloría General de la República.
Como consecuencia, a ambos les figuran inhabilidades fiscales de cinco años para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos, pero Villamizar aseguró ayer que el proceso aún no está en firme.
“Tenemos un último recurso legal en el cual trabajan nuestros abogados. Hasta que ese trámite no se cumpla y la Contraloría ratifique o revoque la sentencia, no rige ninguna inhabilidad”, declaró el exgobernador.
Todo se relaciona con la ejecución del proyecto de reconstrucción del acceso y protección de la estructura del puente de Puerto León, con un costo de 1.465 millones de pesos. Los dineros fueron aportados por el Fondo Nacional de Calamidades.
Por esa investigación, 15 días antes de terminar su mandato, Villamizar Laguado fue suspendido del cargo.
A mediados de diciembre de 2011, al conocerse la suspensión de Villamizar, la Contraloría dijo que el proceso lo inició porque le generaba sospechas el hecho de que la Gobernación hubiera suscrito un convenio de cooperación con Asocarbón, que tenía a su cargo la ejecución de la obra, sin que el contrato correspondiera a los acuerdos que se suscriben por convenios de asociación.
El artículo 38 de la Ley 734 señala que quienes aparezcan como responsables fiscales tienen prohibido ejercer cargos públicos, ya sea por elección o nombramiento, y para contratar con el Estado, por un tiempo de 60 meses.
El mismo Código Disciplinario señala que “esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.
En lo que se relaciona con Villamizar y Carrillo, hay abogados que señalan que la inhabilidad los cobija al aparecer en un boletín de responsables fiscales de la Contraloría con antecedentes en la Procuraduría.
La Opinión conoció que ante la Presidencia de la Cámara de Representantes se presentará un escrito para indicar que el representante WilmeCarrillo ya no podría seguir en su curul.
Además, que basado en la prueba trasladada por la Contraloría General de la República, la Procuraduría puede iniciarle un proceso disciplinario.
No está en firme: Villamizar
En medio de ese debate jurídico, el exgobernador afirmó que continúa en la contienda electoral con miras a los comicios de octubre de este año, porque “todavía tenemos una última apelación”.
Villamizar incluso afirmó que los argumentos que presentará la defensa ante la Contraloría General la República “son muy claros, porque la obra está bien hecha, se entregó a la comunidad y está prestando un servicio”.
Aunque el fallo de responsabilidad fiscal corresponde a octubre del año pasado, el exmandatario departamental dijo que está dentro “del tiempo para la presentación del último recurso”.
Según las anotaciones que aparecen en el certificado de antecedentes disciplinarios, la inhabilidad fiscal de Villamizar y de Carrillo va desde el 21 de octubre de 2014 hasta la misma fecha de 2019.“Eso no está vigente todavía, pues no se ha surtido una alternativa que tenemos aún para demostrar que no hubo actuaciones irregulares en esa contratación”, sostuvo Villamizar.
Tomado de La Opinión
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