Los venezolanos todavía tratan de procesar la información contenida en el decreto oficial número 2.231, en el que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordena la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), una especie de “megacorporación” que, según el documento, estará adscrita directamente al ministerio de la Defensa.
Lo dispuesto en el decreto, hasta ahora teórico y sin mayor detalle sobre el funcionamiento de la nueva entidad, impresiona por la magnitud de las competencias que tendrá la compañía, cuya junta directiva será designada –al menos tres de sus cinco miembros– por el ministro de Defensa. La vigencia de la empresa está planteada para 50 años prorrogables. (Lea: Parlamento venezolano aprueba ley de amnistía para opositores presos)
El artículo tercero del mencionado decreto establece que la razón social de la nueva empresa es “efectuar todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna”.
En ello, un selecto grupo militar tendría el control de un rango de actividades que va desde la administración de los pozos y taladros petroleros del país hasta “todo lo relacionado con la explotación y servicios mineros en general”, pasando por la importación y exportación de materiales, construcción de obras civiles relacionadas con estas actividades y el transporte nacional e internacional de las mismas.
Una página entera de facultades –que repite varias veces la frase “sin limitación alguna”– que deja en manos del estamento militar todas las riquezas del subsuelo venezolano. El documento en ningún momento menciona sujeción o coordinación de la nueva empresa con Petróleos de Venezuela o el Ministerio de Energía y Petróleo.
La tremenda discrecionalidad que tendrían los militares en el manejo de los recursos del país fue catalogada incluso como un “golpe de Estado silente” por el portal prooficialista de noticias Aporrea.
La publicación del decreto coincide no solo con uno de los momentos económicos más críticos del país, sino de peor evaluación en la gestión de Maduro, por lo que no han faltado las conjeturas sobre por qué se decreta la creación de la empresa en este momento y si sobrevivirá en el tiempo.
Entre las hipótesis más delicadas que se manejan está que el Gobierno buscaría, en el corto y mediano plazos, transferir a Camimpeg todos los activos de Petróleos de Venezuela para declarar a la estatal petrolera en bancarrota y complicar el pago de las deudas que tiene, además de ampliar la base de poder a los militares de la Fuerza Armada Nacional para reforzar su apoyo a Maduro.
Sobre lo concreto, se cuestionan además las capacidades académicas y prácticas de los militares venezolanos para manejar una empresa tan especializada y de semejante magnitud.
Hasta ahora las leyes venezolanas solo les otorgan a los militares la responsabilidad de custodiar las instalaciones petroleras, gasíferas y yacimientos, sin otro tipo de participación dentro de estas actividades, sobre las que ni el expresidente de ese país Hugo Chávez los puso al frente en el marco de la “alianza cívico-militar” sobre la que quiso fundar los cimientos de la “revolución bolivariana”.
Tomado de El Tiempo
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