Esta semana el Congreso de la República Colombiana aprobó la Ley Anticontrabando, que les da más poder a la Dian y a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y aumenta las penas para quienes incurran en este delito, ahora asimilado al lavado de dinero.
Las condenas pasarán de entre 2 y 5 años de cárcel a 8 y 12 años, dependiendo de lo que valga la mercancía detectada y de si se trata de funcionarios públicos, pues la corrupción es una de las principales autopistas por donde se mueve el contrabando.
Así, en la zona de San Victorino, en el centro de Bogotá, una de las que más comercian con este tipo de mercancía, se cuentan historias de policías que, hasta no hace mucho, cobraban en especie –camionetas– el rescate de mercancías incautadas. Esos sobornos fueron legalizados de una manera ingeniosa: los uniformados o sus allegados resultaban ganándose rifas de carros organizados por comerciantes del sector.
El contrabando en el país lo manejan al menos 28 mafias, algunas de ellas con fuertes nexos con la China, a las que el año pasado les incautaron 280.000 millones de pesos y que aún hoy mantienen nexos con dirigentes políticos, especialmente de la Costa.
Como se trata de un delito cuya esencia es la violación de fronteras, la ley aprobada prevé el fortalecimiento de la cooperación internacional. El general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, señala al respecto que el objetivo es tener en los países críticos agregados especializados en el combate del contrabando.
“Esperamos que un futuro próximo podamos tener enlaces de la Dian y de la Policía Fiscal y Aduanera en estos países, para que podamos cotejar rápidamente una información o documentos de importaciones”, dice el general Moreno.
Si bien la nueva norma ha generado resistencia entre los vendedores de los locales –se contempla decomiso de vehículos en los que se transporte mercancía ilegal y el cierre de los establecimientos en los que se detecten productos de contrabando por un valor superior a los 50 salarios mínimos– el objetivo es golpear a los grandes capos.
Aunque las autoridades dicen que los locales de algunos supuestos minoristas pueden mover hasta 5.000 millones de pesos en una semana. Por supuesto, sin una sola factura.
Drones y escáneres
Otra de las apuestas es hacer el control más efectivo con tecnología.
La Policía espera que en diciembre los grandes puertos tengan escáneres que servirán para fortalecer el control del material que sale, y así cerrar puertas al narcotráfico, sino para detectar mercancía de contrabando o dinero o armas que pretendan ingresar ilegalmente.
Pero además, para este año está previsto la compra de dos drones (aviones no tripulados) para la vigilancia de las fronteras con Venezuela, Ecuador y Perú, donde han sido detectadas 289 trochas. Para eso, el Ministerio de Minas y Energía aportó 800 millones de pesos, pues el contrabando de gasolina desde Venezuela es uno de los más costosos para el país.
Y el próximo año está previsto que el Ministerio de Hacienda gire 10 millones de dólares para la compra de dos escáneres móviles que harán controles en 11 puntos detectados por donde circula el contrabando en carreteras.
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