Efectos del cierre fronterizo

Horas después de que las cancilleres colombiana y venezolana se reunieran el viernes en Costa Rica y acordaran fortalecer la comunicación entre organismos de seguridad para mejorar el control de las bandas criminales en la frontera común, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sorprendió con la declaratoria de estado de excepción constitucional en cinco municipios del Estado Táchira, todos fronterizos con Colombia, y la prolongación indefinida del cierre del puente internacional Simón Bolívar.

El estado de excepción, durante el cual se prohíbe el porte de armas y se autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar allanamientos e interceptar llamadas telefónicas, fue declarado en respuesta al ataque armado en el que resultaron heridos tres militares y un civil el pasado miércoles, durante una operación anti-contrabando en la ciudad fronteriza de San Antonio, y tendrá una vigencia de 60 días prorrogable a otros 60. Durante las operaciones militares fueron arrestados por lo menos ocho presuntos paramilitares de la banda los Urabeños, según el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza.

La frontera colombo-venezolana es la más extensa de Colombia, va desde la Alta Guajira hasta el Orinoco amazónico. En varias zonas fronterizas no hay una presencia permanente del Estado colombiano ni venezolano, sino de organizaciones como las Farc, el Epl, el Eln, y redes criminales de carácter binacional. Los paramilitares son sólo uno más entre todos estos actores.

Recientemente, las disputas territoriales entre los Urabeños y las Águilas Negras han generado un aumento de las desapariciones y homicidios en municipios fronterizos del área metropolitana de Cúcuta, como Puerto Santander, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia.

Sólo en Norte de Santander hay por lo menos 100 pasos no oficiales sin presencia estatal permanente. Estas rutas son propicias para el tráfico ilegal de bienes y para la movilidad de miembros de grupos armados entre uno y otro país. El cierre de los pasos oficiales no tiene demasiado impacto en esas trochas que están a lo largo de todo el territorio fronterizo. La presión excepcional que puedan ejercer las autoridades venezolanas no golpea con tanta fuerza a los grupos ilegales que se mueven con facilidad entre uno y otro país, y que no sólo están en los cinco municipios donde se declaró el estado de excepción.

Lo que sí genera el cierre fronterizo y el estado de excepción es un agravamiento de la situación de colombianos y venezolanos que tienen lazos económicos y familiares al otro lado de la frontera. Poner una barrera en el puente internacional Simón Bolívar afecta principalmente a civiles ajenos al conflicto armado, que sí usan los pasos oficiales, y que son dependientes del país vecino porque tienen allá sus actividades económicas o sus familias.

Además, el cierre implica un incremento en las deportaciones de colombianos que se hallan en situación irregular en Venezuela. Organizaciones humanitarias presentes en la frontera estiman que en los próximos días serán más de 600 deportados entregados a Migración Colombia. Otros tantos cruzan por vías no oficiales o evitan registrarse ante las autoridades.

Durante el último año estas deportaciones han llegado a niveles que no se veían desde las décadas de los 80 y 90. Hasta hace tres meses se presentaron deportaciones masivas y se denunciaron casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el proceso de deportación, sobre todo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. La canciller María Ángela Holguín fue a la frontera a pedir a las autoridades del vecino país que los deportados colombianos recibieran un trato digno.

Con el estado de excepción, las deportaciones vuelven a incrementarse y con estas las violaciones a los derechos humanos de colombianos que tuvieron que salir de sus casas sin sus enseres, y en algunos casos sus viviendas fueron demolidas con buldózers por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Esto ocurrió en el barrio Mi Pequeña Barinas, ubicado en San Antonio del Táchira, donde la GNB demolió el puente que lo comunicaba con el territorio colombiano, empezó a demoler casas y a hacer desalojos de colombianos en situación irregular.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que entre los deportados hay colombianos que tenían sus papeles en regla en territorio venezolano y por lo menos 34 menores que quedaron separados de sus padres. Organizaciones civiles han dicho a este diario que alrededor de 300 personas habrían ingresado por el puente internacional Unión, municipio de Puerto Santander, y muchas de ellas estaban en Ureña y San Antonio en situación legal, en zonas de tránsito libre.

La llegada masiva de connacionales plantea un problema social y un enorme reto para el Estado colombiano. La Gobernación de Norte de Santander realizó entregas de alimentos y elementos de higiene; la Alcaldía municipal de Cúcuta activó el Plan de Contingencia y dispuso de médicos y la red hospitalaria. Cuando llega un connacional, los funcionarios de Cancillería activan la red de atención al migrante, conformada por 20 entidades. Sin embargo, la institucionalidad es insuficiente. Muchos deportados terminan alimentando los cordones de miseria, desempleo e informalidad en Cúcuta y otras zonas de Norte de Santander.

Entre los que han llegado desde el último año hay desplazados por la violencia y volver a sus tierras representa un riesgo. Otros se fueron a Venezuela huyendo de la pobreza y ahora son doblemente desplazados. Hay víctimas no declaradas del conflicto armado, que desconocen sus derechos en el país por el número de años que llevan viviendo en Venezuela, y que necesitan un acompañamiento psicológico y jurídico que es actualmente muy limitado. Otros no tienen a dónde ir, están en la extrema pobreza y quieren rehacer sus vidas con algún proyecto productivo.

Durante el fin de semana, en el Centro de Migraciones de Cúcuta había por lo menos 200 connacionales que no tenían un lugar a dónde ir. Este Centro de Migraciones, a donde fue el ministro del Interior a verificar la situación de los deportados, es el principal de la frontera colombo-venezolana en Norte de Santander y su capacidad ayer fue desbordada. Aunque el Centro recibe algún apoyo estatal –la Cancillería financia algunos días de alojamiento y alimentación–, no es un albergue proveido por el Estado para recibir a los colombianos en la frontera. El Centro de Migraciones es de los misioneros scalabrinianos.

***

Además de la seguridad, el otro argumento para los cierres de frontera es combatir el contrabando. En el lado venezolano es normal que las autoridades hagan operaciones contra los “bachaqueros” (contrabandistas) colombianos que compran en Venezuela para vender en Colombia. Sin embargo, no sólo son colombianos sino también venezolanos los que optan por venir a vender productos, especialmente combustible.

Estos cierres fronterizos son apenas un paliativo para un problema que tiene su origen en la crisis económica venezolana, en la extrema devaluación del bolívar con respecto al peso colombiano, en los controles de precios fijados por el gobierno venezolano, y en la pobreza y falta de oportunidades laborales en ambos lados de la frontera. La asimetría entre ambas economías hace que resulte demasiado rentable comprar en Venezuela para vender en Colombia.

Y demasiado fácil, teniendo en cuenta que, pese a los controles en pasos oficiales, es poca la presencia estatal y la cooperación en materia de seguridad por parte de ambos países en otras zonas limítrofes, donde operan redes dedicadas al tráfico ilegal.

Estas problemáticas serán abordadas en la reunión de cancilleres programada para el próximo miércoles. Por parte del Estado colombiano, el presidente Juan Manuel Santos ha sido claro en que sólo la colaboración entre los dos estados puede llevar a una solución efectiva para los problemas de seguridad. La Cancillería también manifestó su rechazo al cierre fronterizo y reiteró su voluntad de cooperar con Venezuela, “a fin de profundizar la estrategia binacional de lucha contra el contrabando”.